El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas que se enfrentan hoy en el mundo.
La mayoría de las grandes ciudades sufren de escasez de vivienda, provocada, muchas veces, por la baja tasa de construcción de vivienda, así como por los elevados precios, motivados en muchos casos por la gentrificación en las zonas centrales de las ciudades.
En nuestro país, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra consagrado el derecho humano a la vivienda en su artículo cuarto, y lo establece de la siguiente forma: “Artículo 4.-…Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Por otra parte, en el año 2006 se promulgó la Ley de Vivienda, cuyos objetivos son establecer los mecanismos de coordinación entre diferentes órdenes de gobierno para garantizar el acceso a la vivienda adecuada, creando programas de vivienda para personas de escasos recursos.
Por lo que se refiere a la Ciudad de México (CDMX), en el 2018 se promulgó su primera Constitución, que establece en su artículo noveno el derecho humano a la vivienda, al señalar que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades; las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente y diseño y ubicación seguros.
En México nos gusta tener muchas leyes que nos garanticen en el papel todos los derechos posibles, el problema es que muy pocos de esos derechos en realidad los alcanzamos. Uno de esos derechos inalcanzables es el de la vivienda, con programas desastrosos, como fue la construcción de miles de viviendas alejadas de la CDMX, lo que provocó que se crearan ciudades fantasma, sin servicios básicos, sin escuelas, hospitales y sin medios de transporte. Por ello las grandes constructoras de vivienda de los años 90 quebraron, como fue el caso de Inmobiliaria Ara, Urbi, Casas Geo, etcétera.
En la construcción de vivienda se han violado constantemente los planes de desarrollo urbano, permitiendo la construcción en zonas de reserva ecológica, como ha sucedido en las zonas del Ajusco, Xochimilco o Milpa Alta, mientras que por otra parte se restringió la construcción en el centro de la CMDX, donde se debería de promover la construcción de vivienda vertical, para aprovechar que se cuenta con todos los servicios y la mejor ubicación para trasladarse a sus lugares de trabajo.
Otro de los problemas que se tiene en las grandes ciudades es la gentrificación, la cual ha provocado que se encarezca la vivienda y que se desplacen las personas a los alrededores, provocando un desarrollo irregular, además de la falta de vivienda de tipo popular y sustentable.
Para poder garantizar el derecho humano a la vivienda, se tiene que generar más y mejor vivienda, con planes de desarrollo urbano serios, sin burocratismos para obtener las licencias y permisos respectivos, con ello, además, se ataca la corrupción, y se debe de contar con programas de financiamiento con tasas de interés accesibles.
El plan que estableció la Presidenta Sheinbaum, para que el Infonavit construya un millón de viviendas destinadas, principalmente, para los jóvenes, es una buena intención, pero tendrán que estructurarlo muy bien para que pueda tener éxito, pues el Gobierno hasta ahora ha resultado muy mal constructor. Habrá que esperar los resultados, y con ello cumplir con la obligación constitucional.
