La nueva ley de Supremacía Constitucional, lo que busca es que se tenga un control absoluto y sin contrapesos a cualquier cosa que se les ocurra a diputados o senadores de la 4T.
Esta ley, que se terminará de aprobar esta semana, elimina la posibilidad de que una decisión tomada en el Congreso y que tenga alcances constitucionales pueda tener un juez que la cuestione.
Ya era grave la nueva reforma judicial, que está hecha para que los partidos en el poder pudieran tener un mayor control sobre la designación de jueces, magistrados y ministros, y esta ley de supremacía es gravísima.
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No lo digo yo, es lo que han dicho expertos constitucionalistas, especialistas en derechos humanos y organismos internacionales a los que preocupa que en México no haya certeza judicial.
Esta certeza judicial que además buscan las empresas extranjeras para tomar la decisión de invertir en nuestro país no se va a dar. Pero quizá lo más grave de todo es que elimina las vías legales de los ciudadanos, todos, contra medidas del Gobierno.
Lo propuesto en la reforma judicial es que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el “pueblo”, pero no nos engañemos, ninguna autoridad judicial que haya dado un amparo, o se haya contrapuesto al Gobierno en turno tendrá oportunidad de estar en las boletas.
Pero como decía, lo más grave aún es la ley de supremacía aprobada ya en el Senado. Con esta reforma, de entrada, Morena busca que la reforma judicial se lleve a cabo quitando los obstáculos legales que implican los amparos y controversias constitucionales.
Éste es sólo el primer paso para emitir reformas para otros asuntos que al partido en el poder le convengan. ¿Y los derechos de todos los otros mexicanos, los que no son de Morena y sus aliados, que son millones en el país dónde quedan?
Tampoco pueden confiarse los mismos militantes del partido en el poder, si llegan a tener un conflicto entre ellos, también son vulnerables. Ahí está el peligro para todos los mexicanos.
Desde que se aprobó la reforma judicial, jueces federales han aceptado a trámite muchos juicios de amparo de trabajadores del Poder Judicial, organizaciones civiles y de ciudadanos que se sienten vulnerados por esta reforma. Con la nueva ley de supremacía se busca desacreditar esos amparos.
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En la administración de López Obrador, lo que se hizo para que pudieran hacer lo que querían, aunque no se respetara la ley, por ejemplo, los derechos ambientales cuando se construyó el Tren Maya, es que se clasificaron esas obras como de “seguridad nacional”.
Esos amparos que protegían, por ejemplo, a comunidades enteras, molestaron al entonces Presidente que quería hacer lo que se le ocurriera sin traba alguna, y por eso se está haciendo esta reforma al Poder Judicial. Es el Plan C llevado al pie de la letra. “Ningún juez está por encima del Ejecutivo”, lo han dicho antes y ahora.
Es la razón por la cual los legisladores Adán Augusto López y Ricardo Monreal presentaron la iniciativa de supremacía constitucional para buscar que todos los amparos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), controvirtiendo algunos elementos de las reformas constitucionales, no sean válidos.
Hay que recordar que muchos de los legisladores obedecen más al expresidente que a cualquier otro líder. Es el caso de Adán Augusto López, un hombre muy cercano al expresidente, pero a su vez a quien AMLO quiso controlar una vez que dejara el poder y con un enemigo político como gobernador de Tabasco, su estado natal.
Pues estos legisladores y sus aliados, quienes son mayoría, aprobaron la ley de supremacía constitucional durante la madrugada del viernes 25 de octubre en el Senado de la República.
Con esta ley, en la que se hicieron modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Constitución, ninguna autoridad judicial, ya sean jueces o magistrados, podrán declarar la inconstitucionalidad de alguna adición o reforma en la Carta Magna.
Con los cambios en el artículo 105, ahora pretenden cancelar que la SCJN pueda emitir resoluciones o plantear contradicciones a reformas constitucionales.
Mientras que en el artículo 107, donde se hace mención del juicio de amparo, la SCJN ya no podría atender controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
Todo esto es un golpe para el Poder Judicial que lo minimizaría y le proporcionaría más poder y control al Legislativo y al Ejecutivo, controlados por Morena.
Incluso si una reforma llegara a dañar los derechos humanos de un grupo de ciudadanos, como ocurrió en la pasada administración con la intención de desaparecer los fideicomisos de trabajadores del Poder Judicial, la Ley de supremacía constitucional impediría que ciudadanos puedan impugnar una reforma constitucional que los afecte.
Con todo y esta nueva ley de supremacía, algunos jueces y magistrados consideran que aún son impugnables dichas reformas a los dos artículos, 105 y 107, de la Constitución de nuestro país.
El magistrado Juan José Olvera López advirtió, durante la quinta conferencia matutina de los jueces del viernes pasado, que el proceso aún está en la cancha del Legislativo, pero todo cambiará cuando llegue a tribunales.
Olvera López dijo que se “podrían presentar demandas de amparo, podrían eventualmente formularse acciones de inconstitucionalidad, y eventualmente los jueces, ahora sí en el terreno judicial, podrían con independencia judicial decidir si admiten una demanda de amparo, si la tramitan y si conceden suspensiones”.
Por lo pronto, podrá haber amparos para quien busque detener la ley de supremacía. El tema está en que, si a los nuevos magistrados y ministros los escogen en listas aprobadas por el mismo grupo de Morena y aliados, la batalla legal no la darán desde ese nuevo Poder Judicial.
El dictamen de la reforma de supremacía constitucional ya fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y posterior aprobación, una Cámara, donde Morena y sus aliados tienen mayoría absoluta.
