Recordará usted que por ahí de 2021 la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó a varias empresas de distribución de medicamentos, entre ellas Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales (Fanasa), Nadro y Almacén de Drogas, así como a 21 personas físicas que participaron en prácticas deleznables de competencia. La sanción respondió a prácticas monopólicas absolutas en el mercado de distribución de medicamentos.
Además, la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar) y una persona física fueron multadas por coadyuvar en estas prácticas. Las multas impuestas ascendieron a un total de 903 millones 479 mil pesos, y 10 directivos fueron inhabilitados para ejercer en funciones ejecutivas en estas empresas.
El expediente I0-001-2016 documenta que los sancionados realizaron acuerdos para restringir el suministro y manipular los precios de los medicamentos, causando un daño estimado de 2 mil 359 millones de pesos al mercado. Estas prácticas anticompetitivas afectaron uno de los sectores más críticos para la población mexicana, impactando tanto el derecho a la salud como el ingreso de las familias. Pues bien, hoy se da a conocer que Comisión Federal de Competencia Económica ha presentado por primera vez en su historia una acción colectiva en contra de Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales y la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana. Estas empresas fueron acusadas de colusión durante un periodo de 10 años, implementando prácticas anticompetitivas que afectaron el mercado de medicamentos en el país.
Estas acciones incluyeron la suspensión de la distribución de medicamentos en ciertos días del año, la limitación en la cantidad de productos surtidos a farmacias, y la manipulación de precios para reducir los descuentos otorgados a los minoristas. Estas prácticas resultaron en un aumento en los precios y en una disminución en la disponibilidad de medicamentos, lo que generó un impacto directo en la economía de las familias mexicanas y afectó su acceso a productos de salud esenciales. La noticia es porque se va con los ya mencionados hace algunos años y porque se estima que estas conductas anticompetitivas generaron un daño de más de 2 mil millones de pesos. En 2021, la multa conjunta fue de 903.4 millones de pesos, la sanción máxima permitida por la ley en este caso. Ahora la exigencia es que las empresas paguen 2,316 millones de pesos para reparar el daño causado al mercado mexicano de medicamentos y al bolsillo de las familias afectadas.
La demanda también solicita al Poder Judicial que los recursos derivados de esta compensación sean destinados al IMSS-Bienestar, el sistema de salud pública que atiende a una gran parte de la población mexicana, particularmente a las personas con menores ingresos. Esta medida busca compensar a los sectores de la población más afectados por el sobreprecio de los medicamentos, considerando que los hogares con menos ingresos destinan una mayor proporción de su presupuesto a productos de salud. Las acciones colectivas en materia de competencia son un recurso legal que permite a este órgano representar a la colectividad afectada y exigir que las empresas infractoras reparen el daño causado por sus prácticas anticompetitivas. Al presentar esta acción colectiva, se va por utilizar todas las herramientas legales disponibles para proteger el derecho de los mexicanos a la salud y a precios justos en medicamentos esenciales. Eso sí no lo dude usted es un coqueteo para el segundo piso de la 4T, para mostrar que si sirve su existencia y no los condenen a su desaparición.
Agenda Movilidad. La transformación del transporte público de pasajeros en México ya tiene ruta trazada. Durante el 30º Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad (ENAM), la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), que lleva Ricardo Serrano, presentó la Agenda Nacional de Movilidad 2024-2030, un proyecto ambicioso que busca renovar más de 40 mil autobuses urbanos y foráneos con más de 20 años de servicio, mediante un esquema de chatarrización y financiamiento. Con el respaldo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que dirige Rogelio Arzate, y el compromiso del gobierno federal, la agenda propone cinco ejes estratégicos que incluyen la formalización del sector y la descarbonización del transporte, impulsando la adopción de tecnologías limpias mediante incentivos fiscales y normativos. El objetivo es claro: un transporte seguro, eficiente y sostenible.
Traxión en expansión. Traxión que comanda Aby Lijtszain, no deja de demostrar la solidez de su modelo de negocio, otra de las pruebas provino directamente de los resultados financieros presentados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y es que los ingresos consolidados totalizaron el tercer trimestre en 7 mil 530 millones de pesos, con alzas de 17.9%; mientras que el margen EBITDA ajustado fue de 18.5%, con lo que se posiciona como el más alto del año y reafirma las mejoras en la rentabilidad de la compañía. Entre los últimos anuncios, la compañía reafirma su apuesta por los servicios ligeros en activos al ir por Solística, el brazo logístico de Grupo FEMSA que se sumará al conglomerado una vez que se concreten las aprobaciones regulatorias correspondientes, proyectadas para el primer trimestre de 2025; pero las expansiones también son territoriales, pues en los últimos tres meses, Traxión arrancó operaciones en San Diego, California, mediante servicios cross-dock 3PL.
Voz en off. Volkswagen de México Planta Guanajuato ha sido reconocida con la Certificación Ambiental Empresa Limpia, otorgada por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) del Estado de Guanajuato, alcanzando un 100% de cumplimiento en los criterios ambientales. Esta certificación destaca el compromiso de la planta con prácticas sostenibles, evaluadas en áreas como manejo de agua, residuos y emisiones atmosféricas.…
