Más que andar en el enojo y algo así como la provocación, las y los ministros que han renunciado están tratando de allanar caminos.
La ponencia del ministro González Alcántara buscó elementos de contención que permitiera entrar en un diálogo de nivel, pero es claro que esto no va a suceder. La Presidenta se opuso a lo que se va a discutir a partir del 5 de noviembre y la mayoría en el Congreso hizo lo propio, no sin antes lanzar una andanada de adjetivos.
Andamos desde hace tiempo en debates sobre la Constitución, pero, sobre todo, andamos en interpretaciones de la Carta Magna al gusto de quien se refiere a ella.
La Presidenta en la mañanera hizo un comentario final que ha abrigado la posibilidad de que se podría entrar en procesos de diálogo, que no de negociación, al decir que hay que esperar lo que debata y decida la Corte. Ayer, con cierta razón, la oposición urgió a las y los ministros a que discutan el tema de inmediato y que no esperen al martes, el día en el que serán las elecciones en EU.
El comentario de la Presidenta podría ser ocasión para que se abrieran caminos, lo cual está siendo obligado en medio de la cerrazón. La posibilidad no deja de ser, habrá que reconocerlo, sólo un buen deseo.
Como en el Gobierno y en la mayoría nada les parece sobre planteamientos u opiniones críticas opuestas a sus argumentos y propuestas, la renuncia de los ocho ministros, la cual era algo que de alguna manera estaban buscando, también se convirtió en un asunto de crítica en la búsqueda del descrédito.
En la defensa de sus planteamientos y reformas, la mayoría se ha llenado de contradicciones, por momentos bajo el, como digo una cosa digo la otra. La renuncia de los ocho ministros ha seguido el camino de los cambios constitucionales, los cuales son los que la mayoría propuso y aprobó hace pocas semanas.
Ahora resulta que a pesar de la reforma aprobada en el Congreso, las y los ministros no pueden recibir las pensiones a las que tienen derecho después de sus años de trabajo y que por ley tienen. La disposición de que la reciban fue ratificada por la mayoría en el proceso en que se aprobó la reforma judicial.
En el fondo de lo que se trata es de no dejar de evidenciarlos, aunque tengan la razón y el Gobierno y su mayoría sean los responsables de lo que por derecho tienen. De lo que se trata es de continuar con la narrativa de corrupción y todo lo que le rodea respecto al trabajo de las y los ministros preparando el camino, quizá con futuros integrantes de la Corte a modo, lo cual ya se va asomando con la elección de los que otorguen el visto bueno de los aspirantes a quienes integren la Corte, jueces y magistrados.
Los textos de las renuncias no dejan duda de una inconformidad manifiesta respecto a lo que está pasando, pero, al mismo tiempo, no dejan de alentar la posibilidad de diálogo y de que se creen las mejores condiciones para las complejidades que se vienen.
En medio de las contradicciones por las que estamos pasando fue evidente que ayer el presidente del Senado se enredó y en algún sentido confundió las cosas aún más, cuando le preguntaron sobre los derechos que tienen las y los ministros. Lo que importa es evidenciar que se van a llenar de dinero que es del “pueblo”, cobrando una pensión, al igual que lo hacen Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero.
El debate del 5 de noviembre o antes en la Corte va a abrir otro frente, el cual va a ser el más serio y delicado de todos. Muy probablemente le dirán parcialmente no a la reforma y ya veremos cómo reacciona la Presidenta y la mayoría; será la hora de las definiciones.
RESQUICIOS.
Por si alguien tenía dudas o esperanzas de que el Inai tendría vida, la Presidenta dejó en claro ayer que va a desaparecer. “Los comisionados hicieron una propuesta para reducir costos, dijo, pero ya es muy tarde”. Lo lograron y ahora se van a ver en su espejo.