La Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), bajo la presidencia de Ricardo Serrano, asume un papel central en el desarrollo de políticas de movilidad para la administración de Claudia Sheinbaum. Su nueva Agenda Nacional de Movilidad 2024-2030 destaca la necesidad de avanzar hacia un sistema de transporte seguro, sostenible y eficiente que coloque a los usuarios y trabajadores en el centro de las decisiones.
Con el apoyo del Consejo Promotor de la AMAM, que incluye la participación de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), se busca una cooperación estrecha entre los sectores público y privado para atender los retos que plantea el sector de movilidad en México.
Uno de los ejes de la agenda es el fortalecimiento institucional, que permitirá optimizar la administración de recursos dirigidos a mejorar la infraestructura de transporte y la modernización de las flotas. Este objetivo responde a la urgencia de contar con un sistema de movilidad más seguro y menos contaminante, beneficiando tanto a los pasajeros como al medio ambiente. Para ello, las dependencias gubernamentales clave incluyen la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Economía, quienes deberán trabajar en conjunto para asegurar que las metas trazadas en la agenda se cumplan en los próximos años.
La descarbonización del sector es otro pilar central de la Agenda Nacional de Movilidad, que plantea reducir las emisiones mediante la promoción de diversas fuentes de energía sustentable. Este enfoque se verá respaldado por la Estrategia Nacional de Transporte Público Limpio, un programa que impulsará la transición hacia energías más limpias a través de incentivos fiscales y regulatorios. Con ello, se espera no sólo mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del país, sino también contribuir al combate contra el cambio climático y fomentar un entorno más saludable para los ciudadanos.
Otro aspecto relevante de la agenda es la formalización del empleo en el sector de movilidad. La creación de condiciones laborales dignas y seguras para los trabajadores del transporte se considera fundamental para el desarrollo sostenible de esta industria. Asimismo, la agenda contempla el establecimiento de una Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuya misión será coordinar políticas y acciones para reducir los accidentes de tránsito, con un enfoque particular en la protección de los grupos más vulnerables de la población. Este organismo jugará un papel importante en la implementación de medidas de prevención y respuesta ante emergencias en las vías públicas, buscando así mejorar la seguridad vial en todo el país.
La propuesta también incluye la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, diseñado para garantizar el acceso a la movilidad para personas con capacidades diferentes, mujeres y sectores de bajos ingresos. Este sistema forma parte de un enfoque inclusivo que reconoce el derecho a la movilidad como un aspecto fundamental para la calidad de vida y la igualdad de oportunidades. Mediante este programa, se espera facilitar el acceso de estos grupos a servicios de transporte seguros y asequibles, contribuyendo a su integración en la vida económica y social.
La urgencia de implementar estos cambios queda clara al considerar que aproximadamente 40 mil autobuses de pasajeros urbanos y foráneos con placas federales tienen más de 20 años en circulación. La modernización de estas unidades no sólo contribuiría a una reducción significativa de las emisiones contaminantes, sino también a la reactivación económica, ya que se estima que cada peso invertido en transporte público genera un impacto de cuatro pesos en el desarrollo económico del país. En este contexto, la AMAM y la ANPACT se posicionan como actores clave para coordinar y llevar adelante estos esfuerzos. La agenda presenta una visión integral de la movilidad que va más allá de la simple infraestructura, contemplando tanto los aspectos ambientales como sociales y económicos. De este modo, se espera que la colaboración entre las diferentes dependencias gubernamentales, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil permita alcanzar los objetivos trazados en esta ambiciosa hoja de ruta para la movilidad en México.