En medio de una incertidumbre pocas veces vista y vivida en la historia reciente del país, la Corte decidirá mañana, en algún sentido, el futuro de la reforma al Poder Judicial.
Decimos en algún sentido, porque si eventualmente optara por la aprobación parcial de la reforma, la cuestión a decidir y acatar estará del otro lado, o sea, en la Presidenta y la mayoría en el Congreso. Todo indica que, si eventualmente se decide por la suspensión parcial de la reforma, el Ejecutivo y Legislativo acabarán por no cumplir la decisión de la Corte.
Esta posible decisión puede provocar una crisis institucional, al tiempo que una confrontación que no queda claro hacia dónde nos puede llevar, los escenarios son extremos. Nos la hemos pasado en medio de amagos de parte de todos los actores políticos que tienen que ver directamente con la reforma.
La Presidenta y la mayoría en el Congreso no dejan de llenar de adjetivos al Poder Judicial, en tanto que integrantes de la Corte, jueces y juezas se han dedicado a hacer lo propio, por más que el tono sea distinto y en ocasiones con intentos de civilidad política.
Estamos ante un posible escenario que nos podría llevar a situaciones nunca vividas, porque en medio de escenarios límite no hay un solo indicio que de parte de la Presidenta vaya a cambiar su perspectiva sobre la reforma; en sus propias palabras: “Va porque va”.
Por ahora no queda claro si en la Corte se pudiera alcanzar el número de votos para suspender parcialmente la reforma. Está claro que tres de las ministras están más bajo la militancia que en la revisión de los aspectos legales que conforman la reforma. Hace un año una de ellas nos decía que por ningún motivo aprobaría la elección directa en la Corte ni la de jueces y magistrados; en menos de un año cambió de manera singular su perspectiva de las cosas.
Tiene lógica que una gran cantidad de jueces y juezas hayan decidido no participar del proceso de elección, al tiempo que hayan renunciado a sus cargos, en los tiempos en que lo plantea la reforma. Con una narrativa de años en su contra acusándolos absolutamente de todo en un buen número de casos sin prueba alguna, es obvio que tomen distancia, en muchas y muchos prevalece de manera significativa su dignidad y su vocación.
Hace poco uno de ellos nos planteaba su molestia y la incomprensión de su familia por todo lo que el expresidente y ahora la Presidenta decía “todos los días” sobre el Poder Judicial, particularmente sobre quienes lo instrumentan.
“Mis hijos, y mi mujer me veían a diario dedicarme a mi trabajo sin importar el día de la semana que fuera, mi casa estaba llena de papeles que yo revisaba incluso los domingos”. Como este testimonio hemos escuchado muchos otros a lo largo de todo este tiempo. La narrativa fue contundente y López Obrador se encargó de extenderla a sus millones de seguidores que en muchos casos no tuvieron el reparo de tratar de entender qué es y cómo trabaja el Poder Judicial, sin pasar por alto las irregularidades bajo las cuales se han desarrollado.
Desde hace tiempo una de las grandes urgencias en nuestro país es una reforma al Poder Judicial. No hay controversia sobre la necesidad de una reforma al Poder Judicial. La hay en la forma en que se está planteando la reforma del expresidente López Obrador, que no deja de estar entre nosotros. No necesita aparecer en público para saber de su influencia.
Tomemos conciencia de las secuelas y consecuencias que puede traer lo que la Corte decida el martes, que no será un martes cualquiera.
RESQUICIOS.
La reacción ciudadana en Valencia contra los reyes y en especial hacia el presidente español se debe a su incompetencia para gobernar. Muchos festejarán todo lo que les aventaron y gritaron en su visita a la zona devastada. Más allá de filias y fobias muy en boga y llevadas al exceso, lo que pasó en Valencia es un drama que provoca la reacción ciudadana, drama como el de Otis en Acapulco el cual se vio desde oficinas militares.