En la senda de una crisis constitucional por intransigencia política y tras la vertical aprobación de la Ley de Supremacía Constitucional que redujo el derecho de amparo de particulares ante decisiones gubernamentales a un insustancial pataleo, la empresa digital de movilidad de Dara Khosrowshahi, analiza sacar de México —o reducir a unas pocas ciudades— sus servicios de transporte de personas y entregas, pues Uber quedaría fuera de balance operativo y financiero de aplicarse tal y como está la reforma a la Ley Federal del Trabajo para hacer extensiva la seguridad social a choferes y repartidores.
Como es sabido, la reforma presidencial que presentó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, argumenta que todos los trabajadores delivery deben acceder a servicios de salud, cesantía, ahorro y acceso a crédito a la vivienda…, aunque debido al actual régimen laboral la reforma implica que cada una de esas personas tendría que contar con un “patrón” o empleador que haga las retenciones al “empleado subordinado”.
La gran interrogante aún sin resolver en una iniciativa que se presenta como socialmente positiva es si se considera la desagregación de las prestaciones laborales en cada una de las plataformas digitales para las que trabajó un repartidor y/o chofer o si será un solo patrón quien deba cargar con toda la carga del costo laboral que de manera agregada puede sumar 35% por encima de los ingresos equivalentes de uno o más salarios mínimos, conforme a la métrica de la firma de talento flexible on demand Seeds, que dirige Martin Calzetti.
Y tener un solo “responsable social” o patrón, implicaría atajar la flexibilidad de los que colaboran en plataformas según su tiempo y ocupación: se trata de 2.5 millones de personas de las cuales casi 70% se dedica a “la manejada” y/o a “la repartida” para complementar los ingresos familiares.
Pero dado que ni Uber, DiDi o Rappi han sido tomadas en cuenta por el Gobierno, ni tampoco los trabajadores como han señalado en múltiples entrevistas los portavoces de la organización de Repartidores Unidos de México como Saúl Gómez, ya sonaron las alertas de que se repita en México el caso español de la “Ley Rider”.
Al no existir diálogo ni contrapesos para asuntos tan cruciales como la perpetuación de las reformas constitucionales de origen morenista, el mensaje es que esa reforma laboral “pasará como cuchillo en mantequilla” en el Congreso donde dominan las obedientes mayorías a cargo de Ricardo Monreal o Adán Augusto López.
Así que Uber contempla partir de México. Tal vez reducir sus operaciones a CDMX, Monterrey, Guadalajara y otras ciudades donde el volumen de traslados le permita balancear mayores egresos. Con ello pierden los consumidores con mayores precios, los choferes y repartidores que deberán encontrar otras ocupaciones… y, sobre todo, los pequeños restaurantes que hoy efectúan 30% de sus ventas mediante reparto a domicilio vía plataformas digitales. Y también perdería el prestigio de México como destino de inversión foránea, especialmente en áreas de innovación tecnológica.
ESSA, Consejo Consultivo Empresarial. Pese a todo, es auspicioso que la paraestatal Exportadora de Sal, S.A. (ESSA), haya sido autorizada a formar un Consejo Consultivo Empresarial con mujeres y hombres de negocios mexicanos vinculados al ramo de la sal industrial y las ramificaciones hacia la industria petroquímica donde se desdobla en hasta 50 mil mdd la cadena de valor.
El director de ESSA, Moisés Poblanno, ya tiene a su equipo instalado en Guerrero Negro y realizando revisiones y análisis a profundidad de las oportunidades y debilidades de la compañía a fin de regresarla a números negros a partir de dos acciones: 1) comercialización directa y promovida desde las áreas de negocios en las embajadas de México en países como Estados Unidos, Japón, Rusia y China, recuperando un precio de 26 dólares por tonelada; 2) incremento de la productividad a fin de reducir costos de producción mediante la obtención de equipamiento nuevo que incluye obtener una moderna barcaza autopropulsada para sustituir los ineficientes cacharros Megalodón y Delfín… y atajando y sancionando las transas con que funcionarios bajacalifornianos se despachan con la cuchara grande.
Tome nota.
Llega Joint Venture Grupo Piñero-Hyatt Corporation. Por su diseño y magnitud, la alianza estratégica de Grupo Piñero, que encabeza Encarna Piñero y Hyatt Hotels Corporation al mando de Mark Hoplamazian, tiene potencial de redefinir las dinámicas pospandemia del turismo global y de la hospitalidad.
La semana pasada ambas firmas anunciaron su joint venture para gestionar los hoteles Bahía Príncipe Hotels & Resorts bajo el modelo asset-light o activos ligeros: la empresa de gestión conjunta al 50% tendrá base en Palma de Mallorca (España) y será propietaria de la marca Bahía Príncipe Hotels & Resorts cuyo concepto “todo incluido” es un hit entre clientes europeos y se proyecta capte viajeros norteamericanos y de otros mercados relevantes…, pues incrementa en 30% el portafolio de habitaciones “todo incluido” de 4 y 5 estrellas a la red Hyatt, la onceava cadena hotelera del mundo…, mientra que Grupo Piñero es parte del Top Ten de las cadenas hoteleras españolas de alcance global.
Hyatt designará a Julio Pérez, actual director general de Bahía Príncipe Hotels & Resorts, como director de la compañía de gestión conjunta, y a la actual directora global de Grupo Piñero, Encarna Piñero, será presidenta del consejo de administración.
La operación involucra 23 resorts —22 de la marca Bahía Príncipe Hotels & Resorts y su exclusivo Cayo Levantado Resort— sumando más de 12,000 habitaciones en México (con sus espectaculares instalaciones en Tulum, Akumal y Sian Ka’an), Dominicana, Jamaica y España que se incorporarán a la Inclusive Collection de Hyatt.
