PESOS Y CONTRAPESOS

Del Gobierno (2/10)

Arturo Damm Arnal
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Arturo Damm Arnal *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Al Gobierno debe permitírsele lo que se le debe permitir a las personas y debe prohibírsele lo que se le debe prohibir a las personas. ¿Qué debe permitírseles a las personas? Defenderse de las agresiones: el uso defensivo y legítimo de la fuerza. ¿Y prohibírsele? Agredir a los demás: el uso ofensivo e ilegítimo de la fuerza.

Lo anterior no quiere decir que si a una persona se le permite defenderse de una agresión (intento de asesinato, secuestro, robo), al Gobierno debe permitírsele defenderse a sí mismos de agresiones. Lo anterior quiere decir que el Gobierno debe defender a los ciudadanos, usando la fuerza defensiva y legítima, de las agresiones de los delincuentes, uso defensivo y legítimo de la fuerza gubernamental que no debe ser, como se viene diciendo desde que Hobbes (1588-1679) lo propuso en su libro Leviatán (1651), monopólico, porque las personas tienen el derecho de, en los casos en los que el Gobierno no pueda defenderlas de las agresiones, y ningún Gobierno es capaz de defenderlas a todas todo el tiempo, defenderse a sí mismas.

La legítima tarea del Gobierno, a la que no puede renunciar sin dejar de serlo, tiene que ver con la justicia, que tiene dos momentos: su práctica y su impartición, justicia que es la virtud por la cual respetamos los derechos de los demás, por lo que, antes de pertenecer al ámbito de lo legal, pertenece al de la ética.

La práctica de la justicia consiste en respetar los derechos de los demás y les corresponde a todas las personas. Desafortunadamente no todas están dispuestas a respetarlos y cometen delitos: matan, violando el derecho a la vida; secuestran, violando el derecho a la libertad individual; roban, violando el derecho a la propiedad privada. Tales violaciones deben dar paso a la impartición de justicia, que consiste en castigar al delincuente y en obligarlo a resarcir, tarea que le corresponde al gobierno, y a la cual no puede renunciar sin convertirse en gobierno fallido mismo que, como lo veremos más adelante, todo gobierno lo es en mayor o menor medida.

Lo primero que debe hacer el gobierno es prohibir la violación de derechos: no matar, no secuestrar, no robar. Lo segundo es impedir la violación de derechos: de asesinatos, secuestros y robos. Lo primero lo puede hacer siempre, bastando que prohíba matar, secuestrar y robar. Lo segundo no lo puede hacer en todos los casos porque, por más honesto que sea, nunca será cien por ciento eficaz para evitar la violación de derechos, lo cual quiere decir que siempre se cometerán delitos, por lo que siempre habrá personas a quienes el gobierno les falle, perdiendo la justificación ética para cobrarles impuestos.

Dado que ningún gobierno es cien por ciento eficaz para impedir la violación de derechos, siempre se cometerán delitos, y es legítima tarea del gobierno castigar a los delincuentes y obligarlos a resarcir, para lo cual debe darse el proceso de denuncia, búsqueda, detención, juicio, condena, castigo y reparación, que no siempre se da, por lo que siempre habrá impunidad, por lo que siempre habrá personas a quienes el gobierno les falle, perdiendo la justificación ética para cobrarles impuestos.

Todo gobierno, por más honesto que sea, será en mayor o menor medida, un gobierno fallido, incapaz de impedir todos los delitos y de castigar y obligar a resarcir a todos los delincuentes.

Continuará.

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