Un sector de la 4T decidió poner un “ya basta” a los excesos en el mundo digital y ha iniciado una operación política-legislativa quirúrgica con el objetivo de regular la actividad de los influencers, la creación de contenido y su difusión a través de redes sociales y plataformas digitales en territorio nacional... Suena a censura.
En el Congreso de la Ciudad de México se alistan para aprobar una serie de iniciativas que se presentarán al Congreso de la Unión a fin de crear la “Ley General para regular el contenido de influencers en medios y plataformas digitales”, reformar el Código Penal Federal, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley de la Administración Pública Federal.
Una ficha con los puntos relevantes, que fue entregada anoche a este columnista, detalla que el objetivo es que la nueva ley regule la actividad de los influencers; ello mediante la creación de una Plataforma Nacional de Seguimiento del Contenido de Influencers en Plataformas Digitales, donde cualquier persona física o moral podrá interponer una queja contra un creador por considerar que su contenido afecta su dignidad, afecta los derechos humanos o incurre en discriminación.
Y ahora, ¿qué sigue?
Y aquí es donde se pone rudo el asunto: De acuerdo con la iniciativa -que será aprobada por la mayoría del Congreso de la CDMX- la queja que se genere será turnada por la plataforma, bajo el control de la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Salud o a la Procuraduría Federal del Consumidor para que se investigue y se sancione.
Y esas sanciones van desde ordenar eliminar el contenido generado por el influencer hasta sanciones económicas que podrían sumar dos veces el beneficio que reciba en su monetización o si es por contrato por el doble del valor del contrato y si no tiene beneficio económico, una multa que quinientos hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización vigente.
Me dicen que el objetivo de iniciar el proceso legislativo en el Congreso de la CDMX -propuesto por la diputada local de Morena, Leonor Otegui- en lugar de arrancarlo desde el Senado o la Cámara de Diputados tiene por objetivo evitar estridencias que coloquen a la iniciativa ante la Opinión pública como un instrumento que atenta contra la libertad de expresión. El martes será llevada al pleno.
¿Tiene dedicatoria?, claro. Van por los generadores de contenido -algunos convertidos ya en referentes sociales- en los ámbitos político, económico y social. Van por aquellos que son mordaces y críticos contra el gobierno y personajes de la esfera pública política, pero también los que venden sin control productos milagro o engañan a sus seguidores.
Matizan así: “La Ley establece un vinculo de comunicación, entre las personas internautas y las autoridades de la Administración Pública Federal, con la finalidad de dotar de seguridad y certeza jurídica ante, los conflictos por publicidad engañosa o transgresión a derechos humanos, como producto del marketing de influencers”.
De acuerdo con la iniciativa será la Secretaría de Gobernación quien “regule y vigile” el contenido de las publicaciones de influencers y el INE regularía el uso de influencers en campañas electorales. Al abordar el tema de reformas al Código Penal Federal, plantea un catalogo de agravantes en que incurrirían los influencers:
“Se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, con la finalidad de regular la agravante cometido por quien, con participación en el hecho delictivo, produzca (video grabación, audio grabación o fotografíe) las conductas delictivas, en materia de Discriminación, Armas prohibidas, Quebrantamiento de sellos, De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos, Delitos contra la vida y la integridad corporal, violencia familiar, Extorsión, Despojo de cosas inmuebles o de aguas y Daño en propiedad ajena”.
La legisladora Otegui esgrime que la iniciativa busca evitar casos en que por “retos virales” se ponga en peligro la vida de personas, que se promocionen medicamentos no autorizados o que generen daño a quienes lo consuman, evitar la promoción de productos engañosos.
“Estos supuestos y muchos más se presentan al no tener censura, límites o regulación específica sobre el contenido de las publicaciones en Internet, lo que además se traduce en la imposibilidad de adjudicar responsabilidades de índole penal, administrativo, fiscal o civil, pues no existe una regulación precisa”, detalla Otegui.
En fin. Lo cierto es que la iniciativa tiene un tufo total a censura contra el libre pensamiento de actores sociales en un espacio libre del control gubernamental: el internet. Así pues, la Ley Mordaza para influencers va.
