A partir de lo acontecido ayer en la Corte, hay para quienes ya no hay duda de que la única ruta a seguir ahora es la de ir a la elección de jueces, ministros y magistrados el año entrante. Y que es deseable que la energía hasta ahora dispuesta para alimentar los frentes de batalla por la reforma judicial se pueda canalizar a cumplir, ordenar, corregir, perfeccionar, precisar o establecer componentes de esa elección sobre los que se han planteado dudas. Aminorar el impacto que pudiera haber en el acceso de los ciudadanos a la justicia —con decisiones legislativas, planeación, organización…—, por la reconfiguración institucional que habrá, tendría que ser una prioridad. ¿El temor a lo impredecible de quienes critican de manera seria la reforma se puede aminorar? Ahí está el reto común, nos dicen, y no hay tiempo que esperar para acometerlo.
130 toneladas de autopartes aseguradas
Quienes conocen al dedillo datos relevantes, pero también curiosos de la Corte, nos recuerdan que fueron dos ministros propuestos y nombrados durante el gobierno de Felipe Calderón, los que finalmente han hecho una contribución mayor en la supresión del Poder Judicial como se le conoce hasta hoy. El primero de ellos es Arturo Zaldívar, que se incorporó a la Corte en 2009 en remplazo de Genaro Góngora. Y es que Zaldívar ahora sumado a la 4T ha sido un férreo promotor de la reforma judicial, ya sea argumentando o de plano confrontando directamente a los ministros que rechazaban la enmienda. El otro es Alberto Pérez Dayán, quien fue propuesto, no una sino dos veces, en ternas también por el gobierno calderonista. De hecho, nos cuentan, entró a la Corte en la segunda. Y ha sido ahora con su decisión de no apoyar el proyecto de Juan Luis González Alcántara que rompió el bloque de ocho ministros que podría haber frenado partes de la reforma. Nos recuerdan por ello el dicho aquel de que para que la cuña apriete... ¿Aplica?
Y hablando de detenciones relevantes, vale la pena destacar las que lograron las instituciones de seguridad de la capital, esto es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Pablo Vázquez, y la fiscalía capitalina que lleva Ulises Lara, en colaboración con las del Estado de México. Y es que ayer dieron cuenta de la captura de tres personas involucradas en el ataque en pleno Centro Histórico a la activista Diana Sánchez Barrios, las cuales se consiguieron gracias a seguimientos realizados con cámaras urbanas y trabajos de inteligencia. Pero no fue la única, pues también informaron sobre la detención de otras tres personas más vinculadas al asesinato de la abogada Oralia Pérez, ocurrido en pleno Viaducto. Es sabido que ambos hechos ocurrieron el mismo día, sin embargo, las indagatorias han dejado en claro que nada tiene que ver uno con el otro. Por lo pronto, el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Clara Brugada ha dado un buen mensaje contra la impunidad y la violencia.
Ayer fue un muy mal día para el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, por los problemas que sus cercanos tienen con la justicia. La Fiscalía Anticorrupción de Morelos confirmó que investiga fraudes cometidos con la compra-venta de terrenos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. La nueva administración detectó que varios predios fueron vendidos a precios irrisorios y, según versiones de medios locales, entre los compradores hay varios excolaboradores del Cuau. La exsecretaria de Administración, Sandra Anaya, reconoce la adquisición de cuatro terrenos, pero asegura que no cometió ningún delito. Mal haría quien acusara a alguien sin pruebas, por lo que habrá que esperar a que avance la indagatoria. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia ordenó que el hermano de Cuauhtémoc, Ulises Bravo, sea vinculado a proceso por cometer violencia familiar en contra de su exesposa. Al parecer, las redes de protección que tenía el exfutbolista ya desaparecieron. Pendientes.
Un hecho relevante que pasó casi inadvertido ayer por el gran ruido mediático —comprensible— que generaron las elecciones de Estados Unidos y la definición de la SCJN respecto a la reforma judicial, fue la captura de Marcelino Ticante Castro, alias El Fantasma, quien fuera jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán. El mérito corresponde al Ejército, cuyos elementos se enfrentaron con generadores de violencia el pasado domingo en Culiacán, la capital de Sinaloa. Tras la refriega, los efectivos militares detuvieron a tres personas, una de las cuales, se confirmó ayer, era El Fantasma. Esta acción confirma una vez más que quienes sí realizan su tarea en Sinaloa son las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, pues los grandes golpes propinados a los capos de la delincuencia organizada han estado a cargo de las instituciones federales. Hay quien cree que si el Gobierno estatal hiciera lo que le corresponde, la situación en esa entidad sería distinta. ¿Será?
En el Senado se festejó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desestimar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos políticos como si se hubiera ganado un mundial de futbol, e incluso poco faltó para querer ponerle un monumento al ministro Alberto Pérez Dayán por su voto en contra de la propuesta de su par Juan Luis González Alcántara, que iba por invalidar una parte de la reforma judicial. Luego de una serie de epítetos que había lanzado Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, antes de darse la resolución en la Corte, como “pandilla de truhanes”, “abogados enloquecidos”, al final del día terminó por reconocer a Pérez Dayán por haber votado en conciencia, con lo que tumbó la intención de frenar la enmienda al sistema judicial del país. “¡Larga vida para Alberto Pérez Dayán!”, exclamó el morenista, en su primera reacción, y dedicó un “ganamos, tengan para que aprendan”, a los siete ministros que acompañaron el proyecto. Ahí el dato.
