La victoria de Donald Trump tiene profundas implicaciones para México. En su discurso triunfal, él prometió una “era dorada” para Estados Unidos, pero muchos sabemos lo que eso significa: endurecimiento de la política migratoria y presión implacable para que acá asumamos un papel aún más estricto como guardianes de la frontera común.
Muchos especialistas han sugerido que México debe formalizar su papel como “tercer país seguro”, argumentando que de facto ya lo es. Esta figura jurídica implica que un Estado ofrezca condiciones adecuadas para que solicitantes de asilo puedan esperar antes de llegar a su destino final, en este caso, Estados Unidos. En la práctica, esto convertiría a nuestro país en un inmenso centro de contención de migrantes que buscan llegar al norte.
La pregunta es: ¿Qué ganaríamos convirtiéndonos en un tercer país seguro? Si miramos ejemplos como Turquía o Uganda, reciben un apoyo financiero considerable de Europa para gestionar el flujo migratorio en sus fronteras. Turquía, por ejemplo, ha recibido miles de millones de euros para contener la migración hacia la Unión Europea; Uganda cuenta con fondos internacionales para atender a los refugiados en su territorio. México, en cambio, ha sido tratado como una extensión de la frontera estadounidense, presionado para contener migrantes, sin recibir respaldo financiero suficiente.
Aceptar formalmente ser tercer país seguro sin obtener las garantías de apoyo que reciben otros países, sería convertirnos en un muro humano sin recursos. México asumiría una responsabilidad enorme y sin los medios suficientes para cumplirla. No sería un acto de cooperación, sino una imposición, en la que nos veríamos obligados a cargar con las consecuencias de una política migratoria que no responda a nuestras necesidades.
La estrategia de alinearnos incondicionalmente con las demandas de control migratorio de Estados Unidos tendría graves consecuencias. Sería comprometer nuestra capacidad de decisión soberana y permitir que se intensifique la crisis humanitaria de este lado de la frontera. ¿Qué camino queda?
Hacer valer nuestra soberanía permitiría, en cambio, exigir condiciones justas en un acuerdo migratorio, incluyendo el respaldo financiero necesario para manejar de manera digna y sostenible el flujo de personas. Esta postura enviaría un mensaje claro de que no estamos dispuestos a ser un simple amortiguador, un tapón.
Ver cara a cara a Trump no significa una negativa absoluta a la cooperación. Implica, más bien, marcar los términos en los que estamos dispuestos a colaborar. En lugar de aceptar el papel de tercer país seguro bajo una relación desigual, México debe optar por una política migratoria que incluya nuestros principios y necesidades. Encarar sería una defensa de nuestra dignidad y autonomía, sentar las bases de una colaboración bilateral más justa y humana.
La pregunta final es: ¿estamos dispuestos a convertirnos oficialmente en el muro humano que Trump desea o seremos capaces de negociar una política que busque dignidad y respeto mutuo? El futuro de México depende, en buena medida, de la respuesta a esta pregunta.