La Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó para discutir una acción de inconstitucionalidad relativa a la reciente reforma al Poder Judicial. El proyecto a discutir, a cargo del ministro González Alcántara Carrancá, proponía una salida política para moderar los efectos de la reforma aprobada por el Congreso.
Declaraba como constitucional la elección de ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. No obstante, sugería declarar inconstitucional la elección de todos los jueces de justicia federal y la disposición que impedía otorgar efectos generales a todas las personas en los juicios de amparo.
Luego de una discusión sobre el número de votos necesarios para aprobar la acción de inconstitucionalidad, relativo al nuevo umbral fijado por las nuevas disposiciones, finalmente se decidió que no se reunieron los votos necesarios para aprobar y, por lo tanto, la reforma al Poder Judicial quedó tal cual se aprobó en el Congreso.
Con esta decisión, México tendrá un Poder Judicial electo de forma popular, un modelo poco experimentado en el mundo, sobre todo a esta gran escala, que enfrentará un reto de implementación gigantesco y que parece más un experimento que una reforma que dé garantías de que mejorará la impartición de justicia en el país.
En el plano político, la 4T consigue su objetivo de politizar y popularizar los tres Poderes de la Unión y convertir el régimen político de México en uno basado en mayorías. Un cambio radical a lo que se venía construyendo en las últimas cuatro décadas que le permitirá a la administración de Claudia Sheinbaum avanzar en su plan de gobierno con una velocidad nunca antes vista. El resultado es que las bases del humanismo mexicano se convertirán en texto constitucional.
En suma, la reforma al Poder Judicial, la desaparición de los órganos constitucionales autónomos y la presentación de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, preparan el terreno para que el gobierno de Sheinbaum y la Cuarta Transformación generen los cambios pendientes de la pasada administración y empujen sus nuevas prioridades.
Sobre el debate de si estos cambios nos acercan más a una dictadura que una democracia, parece que, por lo menos en el discurso y en el entendido popular, la balanza está inclinada por la democracia.
La Cuarta Transformación se ha adueñado del discurso de la democracia, legitimado por las mayorías populares, derrotando, por lo pronto, una comprensión académica y de oposición de la democracia como una institucional y de frenos y contrapesos. Esta visión y percepción no es estática, sino dinámica y dependerá de los resultados y los cambios en la realidad económica, social o la seguridad de los votantes.
El nuevo lienzo que se preparó la 4T, le permite tomar decisiones ágiles y sin muchos frenos y, a la vez, genera que al único lugar adonde habrá que ver cuando las cosas salgan bien o salgan mal, sea Palacio Nacional.