Una diferencia entre la conducción de la Secretaría de Energía entre Rocío Nahle y Luz Elena González es que esta última tiene objetivos enunciativos que superan el estatismo eléctrico chato, que propone asociaciones con el capital privado y el reconocimiento tácito del rezago en generación y transmisión acendrado durante la gestión de Manuel Bartlett; sin embargo, a sazón de la reforma constitucional impuesta por López Obrador y atavismos ideológicos, los objetivos de suministro eléctrico en el Gobierno de Claudia Sheinbaum asumen que la economía crecería a una tasa anual de 1% del PIB.
Un país sin energía es un país pobre, ha comentado en múltiples foros Salvador Portillo, presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas. Si bien resulta abultado canalizar 12,300 mdd de inversión en generación, en términos relativos implica agregar 13 Mw a la capacidad de generación, lo cual, en términos de elasticidad de la demanda industrial, comercial y residencial, los especialistas calculan que dará para abastecer el consumo de un país cuya creación de riqueza quedaría ceñida a 1.0% mientras la población aumenta al 1.9% anual.
Pese a ello, los propósitos son plausibles…, pero el desafío es “cómo” concretarlos.
La reciente reforma energética —tan aplaudida por el oficialismo— tiene por objetivo presupuestal reducir el costo de la deuda de Pemex y de la CFE con cargo al erario (o sea a cargo de los contribuyentes), pero significa un corsé para la obtención de financiamiento para la CFE, de Emilia Calleja, como para las empresas privadas interesadas en asociarse y/o entrar a la autogeneración.
Conforme las actuales reglas contables globales del International Financial Reporting Standards, los activos de las empresas o patrimonios públicos de todo el mundo no se pueden sumar dentro de los balances financieros y cuantifican solamente los flujos de ingresos y gastos.
Por lo tanto, en las llamadas modalidades 2/2 “Formas de Participación Privada Generación” del actual Gobierno, la aportación de capital de empresas de energía privadas (Iberdrola, Saavi, Quantum, Naturgy, Ammper Energías, etc) a los nuevos proyectos gubernamentales con un máximo de 46% no podrá sumar como aportación de capital… sino como deuda para la CFE, pues la norma contable global así lo establece cuando se tiene un solo cliente en calidad monopólica.
Ello se desdobla como un problema de finanzas públicas autoinfligido por la reforma energética obradorista: la CFE tendría que registrar deuda y no capital en su balance, presionando al de por sí apretado presupuesto de gasto —con una baja esperada para 2025 de un billón de pesos por las Calificadoras Internacionales— que elabora la SHCP, de Rogelio Ramírez de la O.
Los socios privados, en contraparte, no pueden registrar aportación de capital en activos eléctricos de largo plazo o Power Purchace Agreement (PPa’s), sino créditos por cobrar a empresas públicas de un país cuya calificación crediticia raya los “bonos basura”.
El resultado de este corsé constitucional en generación eléctrica es que la CFE tiene acotados sus niveles de endeudamiento a la deuda de Gobierno. Así que no es claro cómo financiará la paraestatal —ya no empresa productiva del Estado— su crecimiento…, el cual si resulta pequeño, también reduciría el tamaño absoluto de la aportación privada del 46%, calculado sobre un común denominador de oferta eléctrica total más pequeño. Esto es solucionable, por supuesto…, pero la salida es muy, pero muy neoliberal. ¿Se la cuento?
IFT: abrazos, no sablazos. Entre los secretos que se llevará a la tumba el Instituto Federal de Telecomunicaciones son los expedientes de 10 procesos de sanción tamaño caguama, los cuales fueron destruidos y cancelados por Luis Andrés Méndez Tello —responsable de la dirección de sanciones— por instrucción de dos personajes aquí ya referidos: la jefa de la Unidad de Cumplimiento del IFT, Fernanda Arciniega, conocida como La Chucky y a su subalterna directora de unidad Adriana Williams.
La destrucción de esos expedientes —relacionados a violaciones a las reglas asimétricas de competencia— difícilmente hubiese procedido sin el visto bueno de los comisionados del pleno que encabeza Javier Mojica. Por eso resultan cosa de broma las “nuevas medidas” para corregir la competencia asimétrica.
La encargada del órgano interno de control del IFT, Perla Lizeth Van Helsing Torres, supo de todo el enjuague que hubiese ameritado sanciones penales por la destrucción de pruebas y documentos…, pero optó por los abrazos y sólo inhabilitó por un año a Arciniega y por 8 meses a Williams, dejando impune su proceder y, sobre todo, conductas que hubiesen ameritado sablazos de decenas de miles de millones de pesos en multas.
AHMSA: y eso, y eso, es todo, amigos. Se acabó. Altos Hornos de México, el eje industrial de Monclova en el centro de Coahuila, está oficialmente en quiebra: 19 mil familias sin empleo, poco más de 1,100 proveedores en la ruina, pues no pudieron cobrar 40 mil millones de pesos. Motivo: la venganza de López Obrador contra Alonso Ancira, quien aseguró no quiso entrarle a “la polla” para la campaña del morenista en 2018. Le cargaron el muerto de Agronitrogenados y Ancira pagó un moche —no fue multa— de 102 millones de dólares; los otros 112 millones ya no los pagó.
Ahora, a rematar bienes… y a importar acero ruso, chino, brasileño o de donde venga.
SSC capitalina, punto a favor. En los avances para identificar a los presuntos responsables del ataque contra Diana Sánchez y del feminicidio de Oralia Pérez Garduño, es clave la colaboración interinstitucional y la tecnología de vanguardia en videovigilancia. Punto a favor del secretario de Seguridad Ciudadana CDMX, Pablo Vázquez. La pronta acción de las células de inteligencia, en colaboración con la FGJ y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, permitió capturar a los presuntos asesinos y el aseguramiento de evidencia crucial.