Dedico la colaboración de esta semana a abordar dos temas importantes dentro de la coyuntura política del país.
Me refiero al proceso de selección para un nuevo periodo en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el anuncio sobre la reactivación de absurdos juicios políticos, específicamente contra dos ejemplares exintegrantes del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova (consejero presidente) y Ciro Murayama (consejero electoral).
Empecemos por la CNDH. El antecedente de hace 5 años fue demoledor y de alguna manera un indicio de lo que habría por venir en este lustro. En uno de los episodios más aberrantes de la pasada legislatura en el Senado de la República, la entonces mayoría de Morena y sus aliados legislativos aprobaron el ilegal cumplimiento de los requisitos para aprobar la postulación de Rosario Piedra Ibarra, por el tema de la militancia partidista.
Lupa a lo que pide Taddei
Con independencia de la valía de muchos servidores públicos con valiosas trayectorias y compromiso con la defensa de los derechos humanos en el país, la gestión de la titular deja un saldo inequívocamente negativo. En ese periodo absolutamente crítico y creciente de violaciones a derechos humanos, expresadas de diversas formas, como las cifras exponenciales de homicidios, de personas desaparecidas, de maltratos a madres buscadoras y migrantes —con casos icónicos como las muertes de las personas calcinadas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en marzo de 2023, o las ejecuciones extrajudiciales en Chiapas apenas hace unas semanas— la actuación de la presidenta deja mucho que desear. Por si eso no fuera suficientemente lamentable, olvidó por completo su carácter de órgano constitucional autónomo para convertirse en un apéndice partidista del régimen. No sólo no actuó para detonar cuando fue necesario controversias constitucionales, sino que además tomó con entusiasmo las matracas en la confrontación que el régimen sostuvo con la pasada integración del régimen.
Como se sabe, su actual incorporación en la terna en la búsqueda de su reelección como presidenta de la CNDH está plagada de irregularidades y polémicas, desde no haber obtenido las más altas calificaciones para entrar en la terna, conseguir apoyos falsos o sencillamente una comparecencia con afirmaciones que muestran una absoluta desconexión con la realidad de las víctimas de derechos humanos y/o una autoestima fuera de serie.
Y ya que se mencionaron los embates a la integración anterior del Consejo General del INE, algún iluminado decidió desempolvar los expedientes contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. La maniobra para seguir amedrentando a esos dos referentes —aquí sí de la autonomía y la independencia de un organismo constitucional, la autoridad electoral—, no puede ser más burda.
Como los aludidos —y cualquiera que tenga mínimas habilidades de lectura de comprensión— han señalado, el artículo 114 de la todavía hoy vigente Constitución, establece con inequívoca interpretación que el juicio político sólo puede detonarse dentro del periodo de encargo y hasta dentro de un año de concluido. Dado que terminaron su encargo el 3 de abril de 2023, a los inquisidores ya se les pasó siete meses el plazo.
Así que ante la revanchista pulsión autoritaria, no queda más que la defensa con la Constitución en mano —mientras algo siga representando tras la aprobación de la lamentable mal llamada reforma judicial— y toda la solidaridad y respaldo para Ciro y Lorenzo, dos ejemplares servidores públicos e incansables defensores de la democracia constitucional y pluralista.
