Hace pocos años, Adam Goodman, profesor de la Universidad de Chicago, publicó en la editorial de Princeton su importante libro The Deportation Machine. America’s Long History of Expelling Inmigrants (2020). El estudio reconstruía el saldo de políticas de expulsión de migrantes asentados en Estados Unidos, sobre todo, durante el largo siglo XX.
Goodman se detenía en las medidas de exclusión en el proceso de internamiento o de repatriaciones forzosas que se aplicaron contra los chinos y los judíos, los japoneses o los mexicanos, del Magreb o el Medio Oriente hasta fines del siglo pasado. Pero al académico le interesaba, también, discutir la intensificación de esos mecanismos durante los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump, cuando las cifras llegaron a su tope histórico.
La palabra “máquina”, que también ha sido utilizada por el escritor cubano Antonio Benítez Rojo y por historiadores como Trevor Burnard y John Garrigus para hablar de la plantación azucarera esclavista en el Caribe, aludía a una sistematicidad en la expulsión de extranjeros calificados de “indeseables”, que no necesariamente está en contradicción con la definición de Estados Unidos como un país de inmigrantes.
Van por responsables de negligencia
Recordaba Goodman que el presidente Barack Obama, en sus dos administraciones, había deportado cerca de tres millones de migrantes. Es un dato innegable, pero tal vez habría que matizarlo con la evidencia de que la cifra máxima de aquellas deportaciones se alcanzó durante el primer término de Obama. Al final de su segundo mandato, las expulsiones bajaron a menos de 240,000 al año.
Durante el gobierno de Trump, entre 2016 y 2020, las deportaciones llegaron al récord de más de 500,000 por año. De haber logrado un segundo término, muy probablemente Trump habría rebasado a Obama en el total de repatriaciones forzosas en dos gestiones. Como advertía el propio Goodman, bajo Trump, la máquina deportadora, frontalmente dirigida contra caribeños, centroamericanos y mexicanos, trabajó a todo vapor y recurrió a diversas modalidades de violaciones a derechos humanos y el debido proceso.
Joe Biden llegó a la presidencia en 2020 con un discurso de cambio radical en las políticas fronterizas y migratorias. Ese cambio se reflejó en la drástica disminución de las deportaciones a menos de 100,000 al año, aunque con un repunte al final de su mandato, que tal vez haya incidido en la contracción de votos entre la comunidad hispana o latina a favor de Kamala Harris.
Los recientes nombramientos de Tom Homan y Stephen Miller, dos partidarios de las deportaciones ilegales y de la aplicación del Título 42, como miembros del equipo de seguridad fronteriza de Trump, empiezan a dotar de realidad la promesa de expulsiones masivas. Para países de grandes éxodos, como Haití, Venezuela o Cuba, pero sobre todo para México, si se le exige ser lugar de tránsito, esas deportaciones, además de una ofensa o un abuso, representarán problemas de todo tipo.
