Si algo ha quedado claro, en lo que va de la nueva administración, es que las mayorías legislativas, obtenidas en las pasadas elecciones, están ahí para utilizarse e imponerse como mejor convenga al régimen.
Fue así desde el final de la administración saliente, que exprimió hasta el último minuto de gestión, en un final de fotografía, para aprovechar la entrada en funciones de la nueva legislatura —ya con las nuevas mayorías definidas—, lo que les dio un último mes de manga ancha para aprobar lo que les viniera en gana —entre ello, la reforma al Poder Judicial—, sin necesidad del más mínimo diálogo con la oposición y sin ningún empacho para apretar las tuercas necesarias para asegurarse que, de una u otra forma, la reforma pasara.
Ya con la nueva administración, y ante los últimos recursos para contravenir la reforma judicial, vino la aprobación de una nueva reforma, la de supremacía constitucional, para convertir cualquier reforma a la Constitución, aprobada por el Legislativo, en materia intocable para el Poder Judicial. La discusión con la oposición, como era de esperarse, quedó para otra ocasión.
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Si la propia Suprema Corte —sin mayoría de ministras y ministros afines al régimen— tuvo entre sus manos la discusión de la última alternativa para frenar —al menos, en parte— la reforma judicial, el oficialismo sí se encargó —con precisión quirúrgica— de que el bloque opositor no alcanzara la mayoría calificada necesaria para detenerla. Y, aunque sin mayoría, operaron como si la tuvieran.
Apenas el martes, tuvo lugar el proceso de designación de la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no pudo estar más empantanado de principio a fin. La mayoría oficialista en el Senado terminó por violar sus propios procesos establecidos, para definir la terna de aspirantes, con tal de impulsar por un quinquenio más a quien, desde hace cinco años, ha encabezado la CNDH de forma muy cuestionable y con resultados pírricos. Y como la actual titular va porque va, la mediación y la autocrítica fueron innecesarias.
Y como si no tuviéramos suficiente en una misma semana, ayer finalmente le llegó el día a todo aquel órgano constitucional autónomo que, en algún momento, le resultó incómodo a la anterior administración, por osar contravenir su discurso, datos o decisiones, con lo que se prevé la desaparición del Inai, la Cofece, el Coneval, el IFT, la CNH, la CRE y Mejoredu. La única salvedad, por ahora, es el INE, por el mero hecho de estar organizando el bodrio de elección del próximo año de jueces, ministros y magistrados, resultante de la reforma judicial. Y muy curiosa y convenientemente, la CNDH no ha entrado en el radar del oficialismo como uno de estos organismos que no tienen razón de ser.
Como colofón, el reciente triunfo de Donald Trump, también le trajo mayoría en el Senado y, muy probablemente también, en la Cámara de Representantes, lo que, más que un tipo de gestión afín a la nuestra, sí ha despertado alarmas en nuestro Gobierno, pues el magnate gobernará sin contrapesos. Curioso que lo mencionen.
