En las últimas reuniones de aclaraciones al proyecto de bases de la megacompra consolidada de medicamentos que organiza la Secretaría de Salud que conduce David Kershenobich por 130 mil millones de pesos, se delimitó normativamente que no podrán participar distribuidores de medicinas e insumos para la salud que no cuenten con licencia sanitaria…; es decir aquellos distribuidores que con una oficinita, pero cercanos a personajes como Amilcar Olán, no podrán surtir productos que solían importar de Europa del Este o Asia sin saber qué cosa le harían comer o introducirse a los enfermos.
Vaya, los representantes de los laboratorios nacionales y transacionales, agrupados en la Canifarma que encabeza Augusto Muench, atestiguaron la supresión de las “compras de emergencia internacionales” sin necesidad de licencia médica que entraron en vigor durante la emergencia sanitaria Covid-19 y que de manera “explicable” estuvieron vigentes hasta septiembre pasado.
La reciente modificación —expresada por el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, en esas reuniones— del artículo 28 de la Ley General de Salud eliminó la disposición “por emergencia sanitaria Covid-19” que permitía importar cualquier menjurje o chocho sin licencia sanitaria desde 2021 hasta hace unos meses. Con ello quedaron impedidos de participar los coyotes, perdón, los intermediarios, que aprovechando una extraña facilidad inundaron al sistema médico nacional con omeprazol u oncológicos de extraño origen que terminaron su inútil, pero ganancioso trayecto pudriéndose en bodegas o abandonados en caminos rurales.
Ausencia, mensaje, deslinde en el Edomex
El parón de tacos a los amigos de Andy pasó previamente por impedir que Natán Enríquez Ríos, como comisonado de Autorización Sanitaria (CAS) en Cofepris, siguiera palomeando las importaciones del coyotaje del bienestar. Bien hecho.
Y es que, si bien existían 10 grandes consolidadores de distribución al inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego del desastre que de compras segmentadas que se le ordenó inicialmente ejecutar a Raquel Buenrostro resultaron 1,500 distribuidores de medicamentos: algunos preparados técnica y logísticamente para enmendar la berrinchosa desaparición del Seguro Popular, pero una gran mayoría con cercanía con Andrés Manuel López Beltrán que ha sido revelada en diversos trabajos periodísticos.
Con esta acción, Claudia Sheinbaum podría estar mostrando un alejamiento pragmático a los errores y abusos de su predecesor y aliados. De lograrlo, sería el inicio de un deslinde, de inicio de un Gobierno que pretende, efectivamente, atenuar las dolencias humanas.
Alcalde, las otras mentiras. Como titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, presumió el éxito del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuando, en los hechos, su baja tasa de rendimiento terminal (sólo 4.1% de acuerdo a las cifras de la próximamente desaparecida Coneval) ni aceleró el empleo formal de los beneficiarios y menos contribuyó para alejar eficazmente a las y los jóvenes de ser enrolados por las bandas del crimen organizado. Ahora, como lideresa del partido oficial Morena, sus dichos son más ostensiblemente falsos.
Recién acusó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy encabeza Norma Piña, de haber presentado amparos para negar la vacunación contra Covid-19. Sólo los más aletargados y aplaudidores de oficio creyeron esa mentira.
De acuerdo al registro de la SCJN hubo 8 resoluciones que los ministros tomaron en favor de que se aplicara y transparentara la aplicación de los biológicos, y validó incluso la divulgación del Monitoreo Epidemiológico de Riesgos Estatales y de Medios, la autorización de vacunas y de la identificación de la marca de las dosis aplicadas y de la cantidad de vacunas caducadas que el Gobierno de López Obrador intentó mantener en secreto por presunta “seguridad nacional” a través de recursos interpuestos por la entonces consejera jurídica de Presidencia, María Estela Ríos.
Más aún, la Suprema Corte aprobó los amparos promovidos por padres de familia y organizaciones sociales para que no les fueran negadas vacunas antiCovid-19 a niñas, niños y adolescentes como lo pretendió expresamente el entonces secretario de Salud, Jorge Alcocer; también determinó que el personal médico del sector privado fuera inoculado en iguales condiciones que el personal de sector público de salud, en incluso de impartir justicia en esos aciagos días.
Por cierto, en aquel entonces, el presidente de la Corte era Arturo Zaldívar. O sea que Alcalde le “metió un gol”, con una falacia, a su ahora aliado en la destrucción de la República.
