De las reuniones efectuadas la semana pasada para analizar la compra consolidada de medicinas e insumos médicos del sector público de salud por 130,000 millones de pesos, los laboratorios médicos percibieron que el secretario de Salud, David Kershenobich, y el subsecretario, Eduardo Clark, tienen claridad de los desatinos y abusos cometidos en la administración pasada, por los que sus palabras y acciones han sido hasta ahora un “golpe en la mesa” para enderezar un mercado que para muchos se convirtió en “un congal” de corrupción y simulaciones.
Una de las primeras decisiones manifiestas en tales reuniones es que ninguna delegación estatal de instituciones públicas podrán hacer compras directas. Vaya, conforme las métricas del Instituto Farmacéutico México (Inefam), que dirige Enrique Martínez, en 2021 el extremo fue que 60% de las compras públicas de medicinas e insumos fue por asignaciones directas y 40%, por licitación; se estima que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se mantuvo en un promedio de 50% y 50% entre asignación directa y licitación.
En el “pútrido periodo neoliberal”, la proporción se calcula que fue 75% por licitación por tratarse de medicamentos genéricos y 25% por asignación directa por ser medicamentos de patente y controlados.
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Otra decisión expresada es que la compra consolidada a concursar en diciembre será solamente con laboratorios, dejando fuera de momento a todo tipo de distribuidores e intermediarios. Pero los actuales responsables de la Secretaría de Salud saben la diferencia entre unos y otros.
Por un lado, saben quiénes son los distribuidores que cumplen en forma y fondo la Norma Oficial Mexicana 059-SSA-2015-1, que poseen almacenes apropiados, red en frío, equipos de transporte, personal capacitado y sistemas de control para entregas puntuales y medibles; todo ello junto con licencias sanitarias —confirmadas por la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios que ahora dirige Armida Zúñiga— de los productos que les son confiados para distribuir.
Y que por otro está un grupo masivo de intermediarios que suelen hacerse pasar por distribuidores, pero que no cuentan con licencias médicas (sólo con un anuncio de alta ante Cofepris, procedimiento autorizado en 2021) a veces un despacho con escritorio y un teléfono, con la representación legal de algún laboratorio de Europa del Este, India o Corea que suele no tener siquiera con el visto bueno de sus reguladores nacionales en farmacovigilancia…, pero que ostentaron “muy buenas influencias” con Andy y sus amigos como el célebre Amilcar Olán.
Este tipo de intermediarios, junto con la manga ancha de las compras en delegaciones, hizo posible, por ejemplo, que Disamed vendiera en Puebla casi 22 mil piezas de Insulina Lispro a un precio de 1,045 pesos la pieza cuando el precio de referencia era de 266.33 pesos y ganarse así un excedente de 17 millones de pesos por especular medicinas contra la diabetes; o que por el anticoagulante Rivaroxabá, el intermediario Globalmedic Star obtuviese en Michoacán una ganancia extraordinaria de 58 millones de pesos por vender en 681 pesos un fármaco cotizado en apenas 100 pesos.
Pero si los precios resultaron excesivamente altos con los intermediarios, más extrañas son las bitácoras de entrega de medicamentos y la calidad de los mismos. Las investigaciones en curso temen topar con lo que fue un gran desfalco en cantidad y calidad de piezas no entregadas.
Una vez que se clausure ese “congal”, la Secretaría de Salud tendrá un panorama más claro de cómo completar la distribución en “la última milla”, desde las 60 bodegas designadas para recibir los embarques a partir de marzo próximo hasta las clínicas y hospitales donde son requeridos.
Plataformas Digitales dialogan con la STPS, pero… Es patente la preocupación de que la “Ley Rider a la Mexicana” se apruebe toda reforma legal en el Segundo Piso de no sabemos qué, pero que va de “a chaleco” con chipote con sangre ya sea chico o grande. Los integrantes de la llamada Alianza In México, las plataformas digitales para movilidad y delivering tuvieron el viernes su primera reunión con Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para comentar la iniciativa de reforma que Claudia Sheinbaum enviará en breve al Congreso… que se aprobará sin remilgos ni disensos como es costumbre en la 4T.
Como es sabido, la reforma —símil de la aplicada con efectos negativos para el empleo flexible en España— pretende que para ofrecer protección social a choferes y repartidores, éstos deben contar con un solo patrón responsable y un horario establecido.
En ese encuentro Uber, que dirige Juan Pablo Eiroa; DiDi, que conduce Juan Andrés Panamá; Cabify, que lleva Pedro Beraza (y que ya se chispó de México desde septiembre pasado) y Rappi, a cargo de Iván Cadavid, se mostraron abiertas al diálogo para formular seguridad social sin desfondar el negocio de las plataformas ni de quienes hacen de choferes/repartidores… y esperan que el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, los reciba algún día.
¿Los jefes de esas plataformas ya se dieron cuenta que el asunto es recaudatorio, pues la lana fiscal ya se acabó?
