La legítima tarea del gobierno, a la que no puede renunciar sin dejar de serlo, por más que siga siendo desde el petrolero de la nación hasta el educador de la gente, es la impartición de justicia, dividida en dos momentos: (i) prohibir y prevenir la violación de derechos, es decir, la comisión de delitos y, de fallar, (ii) castigar y obligar a resarcir al delincuente, es decir, al violador de derechos. Gobierno que no logra, no perfectamente (algo que ningún gobierno consigue), sino tolerablemente (algo que, con gobernantes honestos y eficaces, sí es posible), impartición de justicia es un gobierno fallido, como lo es el mexicano.
Según la organización Impunidad Cero, “en México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian, (y) de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven, (por lo que) la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto (…) es tan solo de 0.9%”. Tal es la dimensión de la impunidad y del gobierno fallido en México, y no por falta de recursos ya que, si se realizara una reforma presupuestaria a favor de la impartición de justicia (reasignación de recursos), sobrarían.
En el anterior Pesos y Contrapesos vimos que entre 2018 y 2025, como porcentaje del Gasto Programable del Sector Público Federal (GPSPF), el destinado a financiar el desarrollo social (redistribución gubernamental del ingreso), pasará de 62.6 a 74.3, aumento de 11.7 puntos porcentuales, el 18.7%. El destinado a financiar el crecimiento económico (generación de ingreso), pasará de 27.6 a 22.9, reducción de 4.7 puntos porcentuales, el 17.0%. El destinado a financiar las tareas propias del gobierno (impartición de justicia, tanto en el primer momento: prohibir y prevenir la comisión de delitos, como en el segundo: castigar y obligar a resarcir al delincuente), pasará de 9.8 a 7.4, baja de 2.4 puntos porcentuales, el 24.5%.
La nueva estrategia de seguridad
Durante los primeros siete años de la 4T el gasto destinado a financiar las tareas propias del gobierno (las mismas que no puede dejar de realizar sin convertirse en un gobierno fallido, incapaz de hacer valer, no de manera perfecta, pero sí tolerable, los derechos de las personas), se reducirá del 9.8% al 7.4% del GPSPF. El año que entra solamente el 7.4% de dicho gasto se destinará a financiar la impartición de justicia, lo cual, dada la dimensión que la delincuencia ha alcanzado en México, es inaceptable.
Dinero para procurar una mejor impartición de justicia (no perfecta, pero sí tolerable), hay. De hecho sobra, pero se destina a tareas que no son propias del gobierno, desde la redistribución del ingreso (quitarle a Juan para darle a Pedro), a la cual se destinará el 74.3% del GPSPF, hasta la generación de ingresos (producir y ofrecer bienes y servicios), a la que se destinará el 22.9%, restando solamente el 7.4% para impartición de justicia.
Cito a Adam Smith: “Poco más se necesita, para llevar a una nación de la barbarie más baja al mayor grado de opulencia, que paz, pocos impuestos y una tolerable administración de justicia”. Impartición de justicia que en México es inaceptable. (El tema de los pocos impuestos lo tocaré, en respuesta a la propuesta de reforma fiscal de Ricardo Monreal, la semana que entra).
Dinero para impartición de justicia sobra. ¿Qué falta? Una reforma presupuestaria.
