En su conferencia matutina, la Presidenta Sheinbaum confirmó su acuerdo con que desaparezca el Inai. No ameritó una mayor explicación que señalar que se buscaba acabar con los grandes organismos, lejos de enumerar mayores argumentos. El derecho al acceso a la información es relativamente reciente en nuestro país.
No obstante, ha tenido un desarrollo fructífero colocando a la legislación mexicana como la mejor valorada a nivel mundial. El tema es fundamental y merece una discusión más profunda que, desgraciadamente, parece que estará ausente.
Los saldos de la decisión oficialista son onerosos. La ciudadanía perderá el derecho a acceder a información fundamental que debería ser pública. Los incentivos para que las instancias del Ejecutivo nieguen el acceso a información es alta, sabiendo que las instancias encargadas de supervisarlas forman parte de este poder. Los medios de comunicación perderán una herramienta fundamental para hacer periodismo de investigación (como en el caso del daño al medio ambiente del Tren Maya, la verdadera situación en Pemex o los contratos gubernamentales, por poner algunos ejemplos). La ciudadanía perderá además una instancia autónoma que se avoque a vigilar sus datos personales en poder del Gobierno o de privados. Las empresas no podrán tener acceso a información fundamental para su toma de decisiones de inversión. Finalmente, está comprobado que una administración pública que no se siente observada tiende a tomar peores decisiones, fomenta la corrupción y es menos eficiente.
Respuesta ante la amenaza
El argumento central a favor del derecho a la transparencia se basa en la concepción de que el actuar del Estado debe regirse por principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, con el fin de que la población pueda ejercer un control democrático que permita “cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas (Corte Interamericana de Justicia)”. En breve, se trata de evitar que el Gobierno en turno considere que está por encima de la ciudadanía y decida unilateralmente qué información hace pública como si fuera de su propiedad.
A diferencia del discurso del oficialismo, no se trata de ahorrar recursos. Inclusive, es probable que se genere un gasto mayor, pues el área encargada de la transparencia en el Ejecutivo evidentemente no podría atender los asuntos relacionados con los otros dos poderes y con los órganos autónomos, por lo que será necesario ampliar las instancias y órganos garantes en éstos. Al contrario, parecería que se trata de apropiarse de la función gubernamental como coto propio, eliminando la posibilidad de que la ciudadanía, el periodismo, las empresas o la sociedad civil puedan saber y actuar como contrapeso al Gobierno. No parece exagerado recordar lo que señalaba Niels Bohr al respecto del acceso a la información: “La principal arma de una dictadura es la secrecía, es decir, la opacidad”.
