La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su anterior ministro de Defensa Yoav Gallant y el líder militar de la organización terrorista Hamas, Mohammed Deif.
Después de medio año de suspenso, la Corte decidió aceptar la petición del procurador Karim Khan, argumentando haber encontrado evidencia “razonable” para afirmar que los tres son responsables de presuntos crímenes de guerra.
A Netanyahu y Gallant la Corte los acusa del uso del hambre como arma de guerra (es decir, el bloqueo de ayuda humanitaria como herramienta estratégica) y de asesinato, persecución y otros “actos inhumanos.” A Deif se le acusa de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluidos el exterminio, el asesinato, la toma de rehenes, la violación y la tortura. Hay varias cosas interesantes que señalar. En primer lugar, la Corte decidió no acusar a los líderes israelíes del delito de genocidio —algo que sí hizo, por ejemplo, en su decisión en contra de Omar al-Bashir por el genocidio de Darfur en Sudán—. En segundo, la Corte decidió publicar de manera conjunta las órdenes en contra de Netanyahu y los líderes de Hamas (dos de ellos ya eliminados y el tercero, probablemente, también), tratando cuidadosamente de no eximir a ninguna de las partes de responsabilidad.
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Sin embargo, no sólo el propio Netanyahu, sino incluso los líderes de la oposición en Israel y el presidente Biden se pronunciaron en contra de la decisión. Para muchos en Israel parece incomprensible que traten de culpar a sus líderes por una guerra que claramente comenzó Hamas el 7 de octubre. No obstante, lo cierto es que poco hizo Netanyahu en los últimos meses para tratar de cambiar la opinión de los jueces.
Desde que el procurador anunció su recomendación, Netanyahu no solamente se negó en repetidas veces a proporcionar ayuda humanitaria en Gaza, se ha negado también a un cese al fuego y a poner fin a la guerra, sino que se ha opuesto férreamente a la creación de una comisión de investigación gubernamental para tratar de entender cómo pudo suceder el ataque del 7 de octubre —algo que la sociedad israelí demanda a gritos—.
Varios de sus allegados se encuentran bajo investigación o presos por tratar de manipular protocolos y tratar de eximirlo de cualquier culpa y, además, Netanyahu y su coalición han seguido avanzando en una serie de reformas para debilitar al sistema judicial e incrementar su poder. Nadie lo dirá públicamente, pero quienes trabajan en el Ministerio de Justicia sabían que la orden era inminente. Cuando la CPI ve que un país trata de impedir investigaciones de guerra y de debilitar a su sistema judicial, no le queda más alternativa que tomar la justicia por sus propias manos.
Netanyahu, culpable o no, cavó su propia tumba y se une a la lista exclusiva de un puñado de líderes que han recibido órdenes de aprehensión de la CPI, entre ellos Putin, Muamar Gadafi y Al-Bashir; si Bibi decide visitar alguno de los 124 países, parte de la Corte arriesga su detención. Éstos incluyen casi todos los países de Europa. Putin, que hace dos años recibió una orden similar, sólo se ha atrevido a visitar, dentro de los países firmantes de la Corte, a Mongolia, país fronterizo y aliado del Kremlin.
