Quien recuerde la premiada película animada Rango sabrá que quien controla el agua, controla todo, así como sentenció el alcalde Tortuga John. La revisión que viene de las más de 3,800 concesiones para explotación hídrica resulta conveniente en cuanto definir con exactitud cuántas realmente son de uso agrícola, industrial-comercial y urbano; pero la determinación de “recuperar excedentes” bajo el argumento de garantizar el consumo humano, será un instrumento más —quizá el más poderoso-— de dominación del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Durante decenios los economistas clásicos catalogaron al agua y el aire como “bienes libres” por los que no se tenía que pagar: el crecimiento demográfico, la industrialización extensiva y la contaminación aparejada, sequías y hambrunas en la segunda mitad del siglo XX demostraron que no lo eran; los economistas neoclásicos como Paul Samuelson —e incluso neokeynesianos como John Kenneth Galbraith— establecieron las bases teóricas para medir precios por captación, traslado, purificación, tratamiento y desagüe del agua y contención de la contaminación atmosférica.
Los precios, en toda la teoría económica, deben reflejar los costos de producción y su valor agregado (humano) para así garantizar la reproducción del proceso de fabricación de bienes y prestación de servicios. El discurso de que el agua “es un derecho humano” es lindo, pero no responde a la estructura de costos que, al no ser debidamente atendida durante 50 años por consideraciones de proselitismo electoral en la época del priismo absoluto, hizo pasar a México de un país con abundante agua a uno con escasez general conforme la lectura de Banco Mundial.
Justicia sin colores
Incluso otro gobierno populista, el de Luis Echeverría, comprendió en los años 70 la gravedad de la crisis que se gestaba y lanzó memorables, pero poco efectivas campañas de concientización impulsadas por la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos de Leandro Rovirosa mediante carteles masivos con la leyenda “Dios da el agua, pero no la entuba” y el televisivo de “Ya ciérrale” con el entonces infante Enrique Cuenca Jr.
Tal esfuerzo se realizó pese a las enormes inversiones en presas y conducción como el sistema Cutzamala, el Drenaje Profundo de la CDMX, el Vaso de Regulación Nabor Carrillo y la mejora de los distritos de riego en Sinaloa y Sonora.
El agua no es “neoliberal”. A la quiebra del “Estado benefactor” al final de otro gobierno populista, el de José López Portillo (cosa que no parece muy lejana a un país que dedicará en 2025 el 25% de su captación fiscal a pagar intereses por deuda pública), los “neoliberales” desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto reacomodaron los menguados recursos públicos y redujeron gasto corriente e inversiones en infraestructura (incluyendo hidráulica).
El agua empezó a cobrarse para uso residencial e industrial… pero tenuemente y conforme a la correlación de fuerzas fácticas y políticos (agrupaciones agrícolas, de colonos, industriales, mineros, alcaldes y gobernadores) a nivel estatal.
Así que la satanizada “privatización del agua” sólo es otra entelequia populista: actualmente sólo 9 ciudades, principalmente en el sureste, como Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, en Quintana Roo, y Boca del Río, Medellín y Veracruz, Veracruz, tienen servicio privado de agua; y las 3,800 concesiones a revisar no están ni medianamente registrada su explotación por la Conagua, hoy a cargo de Efraín Morales, pues carecen de sistemas de conteo y es notorio el mercado negro de concesiones —operado por el crimen organizado— que se expandió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Aguas con el agua agrícola. Y si el plan presidencial es quitar concesiones de agua sin tener claridad de su aplicación puede desatar reacciones severas de productores agrícolas que encararían a “su modo” al secretario del ramo, Julio Berdegué. Y es que “recuperar excedentes” es por ahora un concepto ideológico, no una métrica.
Lo que sí es medible es la falta de recursos públicos, pues para 2025 el presupuesto para infraestructura agrícola es de 1,526 millones, una cifra muy menor a los 6,946 millones de 2016; en tanto que los programas hidráulicos verán caer 22% sus recursos y no existe un plan visible para tecnificar 6.2 millones de hectáreas agrícolas que dependen del temporal… y de las concesiones.
Hoy sabremos detalles de cómo en nuevo control político del agua en medio de escasez y 5 veces más población que en 1950.
Telecom: se chamaqueron a Merino. La determinación de qué empresas son agentes preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión así como las medidas de contención y sanciones por conductas monopólicas, tras la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, recaerán en una nueva entidad de competencia económica sectorizada en la Secretaría de Economía… un enorme poder que detentará el secretario Marcelo Ebrard.
Y que, dada la prisa con que esta semana la Cámara de Diputados despachó al otro mundo al IFT, se puede intuir que se trata del refrendo de Ricardo Monreal hacia la alianza que hace dos años estableció con Ebrard previo a la ficticia “carrera de corcholatas”.
En tanto que para la Agencia de Transformación Digital de ejecutar las políticas sectoriales (que ya están definidas) y de entregar concesiones y permisos (cuyo mecanismo de refrendo finalmente recae en Economía) y licitar un espectro radioeléctrico… por el cual no existe apetito comercial actualmente. Pepe Merino, ni modo.
Gana Broxel; a ToKa no le toca. Hace una semana fue eliminado Toka, de Hugo César Villanueva, de la licitación para emitir vales de despensa para la CDMX porque, como consta en actas, presentó identificaciones y datos personales de locatarios de la central de abastos, en vez del convenio que desde hace 4 años solicita el gobierno capitalino desde hace cuatro años. El ganador fue Broxel, que dirige Gustavo Gutiérrez y que cumplió con las bases de concurso: emitirá hasta 3,700 millones de pesos y ofreció una bonificación del 4.7%.
