Imposible no coincidir con esta afirmación: “colusión de autoridades con crimen organizado es lo peor y deriva en escaladas de violencia”, expresada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
En un contexto no retórico sino material, lo cual involucra acciones y repercusiones de lo efectivamente realizado por instituciones de seguridad, por los integrantes de la delincuencia más organizada y potencialmente peligrosa, las afirmaciones y acciones de gobernantes —o sus omisiones— y delincuentes debe ser puesto en una luz sencilla y diáfana.
Las y los gobernantes de las entidades de nuestra espléndida nación están obligados a ser eficientes frente a la incidencia delictiva.
El valor de la respuesta
Lo dice la norma, la opinión pública, las familias de víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y los propios integrantes de esos equipos de gobierno, con independencia de su formación profesional y en estrecha conexión con el compromiso asumido en tanto servidores públicos designados y electos.
Si el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoce, afirma, indica, parafrasea, así sea equívocamente, que “ha habido encuentros entre los grupos criminales, directamente con la autoridad”, pone en riesgo el vestigio de la imagen de su propio gobierno en un contexto de exigencia tan alto como el de Sheinbaum y tan bajo como su propia capacidad de contener la violencia entre grupos delincuenciales de su entidad de nacimiento. Luego intentó corregir.
Diferentes estimaciones periodísticas ubican entre 65 y 80 el número de cámaras de videovigilancia de Culiacán, gestionadas por el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia del Estado de Sinaloa (C4i), destruidas por el crimen, y arruinadas el conjunto de las mismas en un 50 por ciento. La impunidad permanece incontenida en esa entidad. ¿Nos imaginamos algo semejante para el caso de la CDMX? Imposible con el liderazgo de Clara Brugada, la más eficiente gobernante local del país.
El Gobernador Rocha, en ese contexto, donde existe una violencia ininterrumpida entre grupos delictivos, continúa, tal vez involuntariamente, en su inhabilidad de expresar, en lo retórico y en la acción de gobierno, una determinación exitosa para establecer un límite frente a la violencia impune.
Agredir la estructura de la videovigilancia, atenta en su significado más que en su magnitud, en contra de una noción del Estado en el cual este es, como debe ser, capaz de proporcionar insumos prácticos, de inteligencia, para la persecución del delito, a la cual se dedican presupuestos, capacidades y habilidades de estructuras institucionales obligadas, como lo ha indicado la Presidenta y ha orientado el Poder Legislativo al ampliar facultades de la estructura de seguridad capitaneada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
¿Cuánta impunidad hay en Sinaloa? ¿Es del tamaño de la incapacidad? Si debieran responder las cámaras, no sería posible dado el violento cese de su vida útil.
