El jueves 21 de noviembre fue otro día aciago para nuestro país y las instituciones propias de un Estado democrático de derecho, que se desmorona a pedazos.
Se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma constitucional que extingue cuatro órganos constitucionales autónomos (OCA) y tres semiautónomos, dentro de la estructura del Ejecutivo federal, todo lo cual habrá de consumarse próximamente, previas escalas de trámite en el Senado y los congresos locales y la aprobación de nuevas leyes secundarias federales y locales.
Lo ocurrido en la Cámara de Diputados es grave, tanto por la forma como por el fondo. Es una acción autoritaria y regresiva: desmantela un conjunto de instituciones autónomas del Estado, técnicas y especializadas, que han sido fundamentales para la protección de derechos de ciudadanos, empresas y consumidores, y que representaban necesarios y saludables equilibrios para limitar a una Presidencia de la República siempre expansiva y con tendencias autoritarias —como lo fue en el siglo XX bajo el régimen de partido hegemónico, hoy resucitado con otras siglas—. Y la forma no es lo de menos: en un lamentable nuevo episodio de desparpajo y ausencia de diagnóstico y profesionalización propias de quienes sólo buscan una destrucción institucional sin sentido y sin rumbo, se aprobó en el pleno una versión previa y, por lo tanto, inconsistente con la versión definitiva del dictamen que debía votarse. Esa imperdonable falla pretendió corregirse y justificarse con una “fe de erratas”, cuando contenía errores e imprecisiones mayúsculas. Pero bueno, así el sello de esa casa.
El valor de la respuesta
Si bien todo el panorama es de terror, hay algunas cosas que representan una alerta dentro de la citada destrucción institucional. La pérdida de autonomía de la Cofece, el IFT y la CRE es sumamente grave, dada la labor que desempeñan en la protección de los derechos de los consumidores, la promoción del desarrollo económico y la garantía de la libre concurrencia en los mercados. Además, son cruciales para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de nuestro país dentro de diversos tratados de libre comercio, especialmente el de Norteamérica, cuya revisión vendrá en 2026, si no es que antes. En este sentido, preocupan mucho las declaraciones de los gobernadores de provincias y territorios, y del primer ministro de Canadá, así como las amenazas inminentes que ha proferido Donald Trump al respecto.
Y lo del Inai es gravísimo. No es casual que, junto con la materia electoral, el esquema de acceso a la información pública y la protección de datos personales se haya edificado con un diseño nacional. El Inai y los órganos estatales de transparencia han sido instituciones fundamentales para prevenir la corrupción y ponerla a la luz del escrutinio público. Por eso fue tan incómodo para el régimen iniciado en 2018 y, de ahí, la decisión de tirarlo por la borda.
La pretendida justificación es “el ahorro y la austeridad”, nada más falso. En números cerrados, representan sólo el 0.05% del presupuesto. En tal caso, mejor revisar las obras faraónicas realizadas desde el Gobierno pasado y que requieren ingentes recursos para su mantenimiento o, bien, el absurdo costo de la próxima elección judicial.
En suma, otro sólido paso hacia la pulverización de la democracia constitucional y la restauración de un régimen autoritario.
