Agarrón en el Senado
Un nuevo agarrón se suscitó ayer en el Senado durante la discusión para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y es que la priista Anabell Ávalos y su excompañera de bancada Cynthia López Castro se confrontaron después de que la primera llamó traidora a la hoy morenista, quien “se cambió de vestido y de zapatos”, dijo, pero que en el 2019, como diputada federal, votó en contra de la prisión preventiva. López Castro reclamó a la tlaxcalteca que obedezca órdenes de los hombres de su bancada para atacarla, en una indirecta a Alejandro Alito Moreno, y la retó a decirle “en su cara” todas las cuentas pendientes que tenga con ella. El presidente de la Mesa Directiva en turno, el también priista de otra época y hoy verde-ecologista Jorge Carlos Ramírez Marín, puso fin al debate y ya no dio oportunidad para responder por alusiones personales. Pero en el siguiente turno que tuvo de subir a tribuna, Ávalos le aclaró a su excorreligionaria: “A mí no me manda nadie”. Uf.
Ah, pero son los jueces
Y ahora que se supo que el senador Miguel Ángel Yunes —el mismo que quebró a la oposición durante la discusión y posterior aprobación de la reforma judicial— libró la orden de aprehensión que tenía en su contra, ha trascendido que lo anterior se derivó de un desistimiento de la Fiscalía de Veracruz. Para mayor contexto, en el PAN han dicho que tenían razón al advertir previamente que la decisión de Yunes de votar con la 4T ésa y otras reformas se debía a algún tipo de acuerdo de impunidad. El caso es que a propósito de lo anterior, ha sido el periodista Arturo Ángel quien ha planteado en las benditas redes un comentario editorial que vale la pena retomar: “La Fiscalía de Veracruz es la que pidió cancelar las órdenes de aprehensión contra Yunes Márquez. La Fiscalía General de la República es la que pidió la cancelación de las fichas rojas… Pero según ustedes el problema de la impunidad son los jueces”.
Cuevas encarrerada
Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien ayer formalizó el nombramiento de Gabriela Cuevas como representante oficial de México para atender los asuntos relacionados con la organización del Mundial 2026, que tendrá como sedes a nuestro país, Estados Unidos y Canadá. Con lo anterior, nos comentan, y encarrerada como ya venía, ayer mismo la exlegisladora dio cuenta de que para cumplir con su encomienda se instaló una mesa de diálogo permanente con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez. “Compartimos la responsabilidad de entregarle a México un Mundial de Futbol 2026 que llegue a los pueblos, barrios y colonias, que se traduzca en bienestar para todas y todos los mexicanos y que muestre al mundo la grandeza de nuestro país y nuestro pueblo”, refirió. Por lo pronto, con la titular de Sectur habrá de reunirse cada mes para revisar avances y proyectos en proceso e ir concretando las gestiones que sean necesarias. Pendientes.
Trump ya es la agenda
Elektra, adiós al mercado de valores
Y resulta que Grupo Elektra —que forma parte del grupo empresarial que comanda Ricardo Salinas Pliego— dirá adiós al mercado de valores, porque, ha señalado que éste “dejó de reflejar el valor real de todos sus activos”, ante lo cual ha perdido sentido cotizar ahí. De hecho ya está lanzando una convocatoria a una asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas hacia finales de diciembre en la que habrá de discutir y aprobar precisamente la cancelación de su inscripción ante el Registro Nacional de Valores. También dará luz verde a la designación de un nuevo Consejo de Administración, compuesto por “expertos con la experiencia y visión necesarias para reorganizar la compañía y encontrar mercados donde la valuación sea la real, así como simplificar su modelo de negocio y comunicación, de manera que los inversionistas puedan entender cómo se genera valor en distintas unidades de negocio”. Grupo Elektra ha afirmado que con esta medida garantizará su sostenibilidad a largo plazo, al tiempo de proteger los intereses de sus accionistas e inversionistas. Ahí el dato.
Vacunación en Morelos
Quien inició lo que podría ser una temporada de vacunación contra procesos penales es el extitular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros. Y es que el responsable de combatir a la delincuencia en el sexenio de Cuauhtémoc Blanco tramitó un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión, y el pasado martes obtuvo una suspensión provisional, se ha informado. Se desconoce si hay alguna carpeta en contra de Ortiz Guarneros, pues sólo hay un señalamiento de su sucesor, Miguel Ángel Urrutia Lozano, de que encontró “obsoleto” el C5. Se ha conocido, sin embargo, que la Fiscalía Anticorrupción tiene en la mira a varios servidores públicos de la pasada administración, entre ellos al extitular de Sedagro, Omar Taboada, y al exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Dionisio Álvarez. Dicen los que saben que no sería raro que varios exfuncionarios sigan el ejemplo de Ortiz y, mediante amparos, traten de vacunarse contra cualquier posible imputación. Porque lo que es un hecho es que se está jalando ya el hilo de la madeja y no se tiene claro hasta dónde conducirá.
Raspón tras la reelección
Y nos cuentan que una reciente resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un jalón de oreja a la recién reelecta al frente de la CNDH, Rosario Piedra. Porque resulta que en una votación de tres contra dos, se ordenó eliminar los pronunciamientos que hizo en el 2022, con los que atacaba al Instituto Nacional Electoral y su desempeño en procesos electorales. El alto tribunal subrayó que, según la Constitución, los organismos de derechos humanos no tienen competencia en asuntos electorales, una directriz que Piedra Ibarra ignoró al involucrarse en temas fuera de su ámbito. Esta sentencia, nos comentan, ha venido a reafirmar la necesidad de que la CNDH se limite a su rol constitucional de defensa de las garantías, sin entrar en terrenos de la esfera política, donde su actuación podría generar conflictos con otros organismos autónomos. Y así ha empezado la funcionaria su segundo periodo en la Comisión. Uf.
