Al gobierno lo tenemos metido hasta la cocina, obligando a conductas que no debería obligar, prohibiendo conductas que no debería prohibir, y castigando conductas que no debería castigar, violando el derecho al ejercicio de la libertad individual y al uso de la propiedad privada, ocasionando respuestas en defensa del ejercicio de la libertad y del uso de la propiedad, que solamente deben prohibirse cuando se violen derechos de terceros.
Un ejemplo del gobierno metido hasta la cocina lo tenemos en la intención de prohibir la producción, distribución y venta de cigarros electrónicos y vapeadores. Ésta es la cronología reciente del asunto: (i) el 31 de mayo de 2022 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que prohíbe la circulación y comercialización de vapeadores en México; (ii) el 13 de agosto de 2024 la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que propone adicionar al artículo 5 constitucional (en el cual se afirma que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, comercio o trabajo que les acomode, siendo ilícitos”), lo siguiente: “Queda vedada la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad para la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley…”; (iii) el 21 de octubre CSP afirmó que la reforma constitucional para prohibir vapeadores se aprobará este año.
Primera pregunta, ¿debe el gobierno prohibir conductas que solamente dañan a quienes las realizan sin violar derechos de terceros? ¿Debe el gobierno, además de ser gobierno y prohibir violar derechos, que siempre son de alguien más, ser ángel de la guarda y protegernos de los males que nos hacemos a nosotros mismos? No porque, por más buena que sea su intención, ¡que no nos hagamos daño!, viola el derecho al ejercicio de la libertad individual y al uso de la propiedad privada (véase, de Lysander Spooner, Vices are not crimes: https://cdn.mises.org/vices_are_not_crimes.pdf).
Segunda pregunta, los productores y vendedores de “cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos”, ¿respetarán la prohibición, que es injusta, por lo que éticamente se justifica no respetarla? No mientras haya compradores y consumidores de dichos productos. Los compradores y consumidores, si se prohíbe la producción y venta de dichos productos, ¿se resignarán a no consumirlos? No, mucho menos tratándose de productos que generan adicción, tal y como es el caso. ¿Qué tenemos? Que están dadas las condiciones, tanto por el lado de la demanda como de la oferta, para que surja el mercado ilegal de los vapeadorestraficantes, que sería ilegal (porque violaría la ley), pero no injusto (porque no violaría derechos).
Aquí tenemos un ejemplo del gobierno metido hasta la cocina, que desafortunadamente no es el único, habiendo muchos más, como el de la intención, del diputado morenista Pedro Haces, de regular las propinas, enorme despropósito. Para empezar, ¿cómo se verificaría el cumplimiento de la regulación en casos de meseros, despachadores de gasolina, viene/viene, repartidores de mercancías y demás receptores de propinas?
Tenemos al gobierno metido hasta la cocina.