Hasta hace unos meses, un joven de nombre Julio, abogado egresado de la UNAM y quien decidió trabajar como defensor victimal en la fiscalía capitalina, veía cómo los casos de violencia contra las mujeres iban en aumento.
A principios de año, me cuenta, en su unidad había una treintena de abogados como él, quienes asesoraban y acompañaban a mujeres o —en los casos fatales— a las familias de esas mujeres en la búsqueda de justicia.
Rebasados en trabajo, las y los abogados de su unidad hacían malabares para atender esos casos que crecen día con día.
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A él le tocaba atender a unas seis mujeres o a las familias de esas mujeres, desde interponer denuncias, ratificarlas, encontrar testigos, buscar la reparación del daño, ratificar sentencias, apelar cuando esas sentencias no correspondían al daño, etcétera.
Con todo y el trabajo que diario se cargaba para él y sus compañeros, intentaba llevar a buen puerto los casos de violencia contra las mujeres.
El problema es que hoy, sólo unos meses después y luego de varios recortes presupuestales a su unidad, de esa treintena de abogados, ahora únicamente quedan seis —él incluido— a quienes les toca atender toda la demanda que no baja, por el contrario, sube todos los días.
Los números se han invertido, mientras a principios de año la treintena de abogados asesoraba a un promedio de seis casos cada uno, ahora cada defensor victimal tiene que apoyar en una infinidad de casos, más lo que se vaya sumando.
Lo anterior, me explica, ha derivado en que la calidad de la atención haya mermado y cada vez son más las familias o mujeres violentadas que prefieren desistir de las acusaciones contra los agresores y éstos, en consecuencia, son absueltos de los cargos.
¿Qué le quiero decir con esta historia, querido lector? Que sí, el sistema de justicia requiere de una reforma profunda, pero no es arriba donde está el problema, sino abajo, en la atención de las víctimas del delito, donde cada vez más se recortan recursos.
Los casos de violencia contra las mujeres siguen en aumento y, lamentablemente, ocurren un promedio de 10 feminicidios al día en nuestro país. Mientras que los abogados encargados de defender y acompañar la búsqueda de justicia cada vez son menos.
A Julio, no sólo le toca ahora acompañar a más víctimas de delito, sino luchar para que éstas no desistan en su búsqueda de justicia. ¿Cuánto resistirá antes de cambiarse de trabajo? No lo sabemos, pero ojalá que sea lo suficiente para que las autoridades volteen a mirarlo a él y a su unidad y les ayuden con más recursos que son indispensables.
Ahora sólo hablamos de abogados, pero el recorte presupuestal afecta a psicólogos y trabajadores sociales, entre otros funcionarios encargados de brindar asesoría y acompañamiento integral a todas estas mujeres y sus familias.
En el baúl. De pena ajena la defensa que el INE hizo del presupuesto para la elección judicial. De las 11 consejerías, sólo asistieron dos a la Cámara de Diputados, ni la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, estuvo en condiciones de ir a decirle a las y los legisladores que si quieren una buena elección, se requiere dinero. Al final, les confirmaron que “habrá un ajuste a la baja”. Sin prórroga y sin lana, ¿qué tipo de elección nos espera? Ya puede usted ir imaginando un escenario catastrófico.
Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeee!!!
