Un capítulo más de las guerras culturales estadounidenses tuvo lugar en junio pasado, cuando la mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Luisiana aprobó la Ley HB 71. Esta norma obliga a las escuelas públicas, desde educación básica a universidades, a exhibir en las aulas estatales un póster con un texto de la versión anglicana de los 10 mandamientos bíblicos.
La ley, diseñada para entrar en vigor el 1° de enero de 2025, señala que los pósters deben medir al menos 28 por 36 centímetros y el texto tendrá que ser impreso en una fuente grande y fácil de leer. También deberán contener una explicación contextual de cuatro párrafos que los describan como parte prominente de la educación pública estadounidense por casi tres siglos. Dado que su cumplimiento implicará imprimir cientos de miles de pósters, los legisladores propusieron que sean sufragados no sólo con recursos públicos, sino también con donaciones privadas.
Varios ciudadanos, cuyos hijos asisten a escuelas públicas, se inconformaron contra el contenido de la ley ante el juzgado de Distrito medio de Luisiana. Los demandantes, pertenecientes a diversas religiones (unitaria, presbiteriana y judía), así como agnósticos, señalaron que el despliegue de los pósters provocaría el aislamiento de sus hijos. El 12 de noviembre, el titular del órgano jurisdiccional, John W DeGravelles, emitió una resolución de 177 páginas.
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En ella comienza por señalar que, de acuerdo a la ley estatal, los padres de familia están obligados a enviar a sus hijos a la escuela y asegurarse que asistan durante horarios regulares casi 200 días por año. La vigencia de la Ley HB71 implicaría desplegar los pósters de los 10 mandamientos en cada uno de los salones de clase de todas las escuelas a lo largo del año, independientemente de la materia enseñada y de la edad de los estudiantes.
Esto tendría como consecuencia una coerción doctrinal de los hijos de los demandantes al imponerles un credo religioso durante las horas del día escolar a lo largo de su formación educativa. Así, para todos los efectos prácticos, los menores de edad se convertirían en una audiencia cautiva obligada a participar en el ejercicio religioso de lectura de la versión anglicana de los 10 mandamientos bíblicos.
Independientemente de las diversas religiones profesadas por los demandantes, el juzgador coincidió con sus objeciones en dos aspectos: que el despliegue del decálogo bíblico en las aulas es contrario aparte de sus creencias, además de interferir en sus derechos como padres de educar a sus hijos de acuerdo a sus propias creencias y valores.
En consecuencia, DeGravelles suspendió la entrada en vigor de la ley HB71 al considerarla violatoria de la primera enmienda (que impide al Congreso establecer religión alguna o prohibir su libre ejercicio), así como el precedente Stone v Graham que dejó sin efectos una ley similar hace más de 40 años. Corresponderá ahora a una Corte de Apelaciones resolver definitivamente si la ley HB71 se rechaza o se mantiene.
