La Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas con sede en La Haya, Países Bajos, dio inicio a un juicio sin precedentes para establecer cuáles son las responsabilidades de cada país en la lucha contra el cambio climático.
Desde el 2 de diciembre y hasta el 13 de este mes se realizará la audiencia para que el juzgado emita una opinión consultiva en 2025.
Por iniciativa del bloque de Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo que se ha visto más afectado por la amenaza de los fenómenos naturales extremos causados por el calentamiento global, más de 100 países y organizaciones internacionales van a presentar las pruebas para debatir qué obligaciones debería tener una nación cuando contamina el medio ambiente.
Murat y la 4T, el mundo al revés
“Vivimos en la primera línea del impacto del cambio climático. Somos testigos de la destrucción de nuestras tierras, de nuestros medios de vida, de nuestra cultura y de nuestros derechos humanos”, declaró a los medios de comunicación el antropólogo y político Ralph Regenvanu, representante de la República de Vanuatu, un pequeño país insular que ha tomado el liderazgo de la lucha contra el cambio climático y sus terribles efectos en el clima actual.
Este juicio que se celebra en el máximo tribunal del mundo se realiza una semana después de la fallida Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se llevó a cabo en Bakú, Azerbaiyán, donde se fijó la insuficiente cifra de 300 mil millones de dólares anuales para financiar la lucha contra el calentamiento global de los países pobres hasta 2035.
Aunque el dictamen del máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas no sea vinculante, expertos en derecho internacional aseguran que este juicio histórico sobre el cambio climático abre una puerta hacia una mejor interpretación de los textos jurídicos para solucionar litigios sobre temas medioambientales.
La resolución de la Corte Internacional de Justicia es clave para que los países infractores que violen los derechos ambientales tengan que rendir cuentas ante la necesidad de acciones puntuales a las que se deben someter los Estados para frenar el calentamiento global provocado, entre otras cosas, por la emisión de dióxido de carbono.
Este litigio internacional pretende sentar las bases para que las naciones se comprometan mediante acciones legales puntuales a frenar la contaminación masiva que contribuye al cambio climático y que durante décadas los gobiernos han fallado a pesar de las advertencias internacionales sobre sus efectos en el clima y los fenómenos naturales.
La premura es importante porque no supone que los efectos del cambio climático se van a resentir en un futuro próximo; sino que hoy millones de personas ya están sufriendo los estragos del cambio climático en carne propia. Tanto países ricos como pobres son testigos de la inclemencia de la naturaleza a causa del calentamiento global.
También es de especial importancia este juicio medioambiental en estos tiempos en los que los gobiernos extremistas que defienden las ideas negacionistas del cambio climático siguen ganando aceptación entre los votantes y su ideología, que va en contra del cuidado del medio ambiente, se sigue difundiendo sobre todo en medios de comunicación como las redes sociales e Internet.
Esto es sin duda un antes y un después en la cultura del cuidado ambiental y sobre todo un importante paso para las políticas medioambientales y la legislación que brinde herramientas legales contra los abusos de los Estados, las grandes industrias y los países desarrollados que suelen ser los más contaminantes.
