Este fin de semana hubo cambio de gobernador en Chiapas: Eduardo Ramírez Aguilar se convirtió en el nuevo mandatario para el periodo 2024-2030.
Como parte de su primer discurso dijo: “En 100 días de Gobierno se podrán observar los resultados y en un periodo de seis meses mantendré pacífico al estado”.
Hay que recordar que Chiapas es uno de los estados que más deterioro ha sufrido en temas de seguridad en estos últimos seis años. Miles de chiapanecos han tenido que abandonar sus tierras y ser desplazados por la presencia del crimen organizado.
Algunos incluso han migrado a Guatemala. Madres de familia están aterradas porque el crimen organizado secuestre a sus hijos para convertirlos en sicarios. Pero, además, el enfrentamiento entre los grupos criminales para lograr el control de las rutas que pasan por Chiapas desde la frontera ha generado miles de muertos.
Si el gobernador Ramírez promete pacificar el estado, tendría que empezar por ver quién trabajará con él. Hasta el momento, varios funcionarios que ocupan cargos en el nuevo gabinete han sido señalados de corrupción y de tener nexos con algunos grupos criminales.
El hoy fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, ha tendio acusaciones en su contra. Su cargo tiene una vigencia de nueve años y apenas comienza.
Llaven Abarca tenía una diputación local, en la cual ha dejado a su suplente para incorporarse a la Fiscalía.
Cinco días después de llegar como titular de la Fiscalía, más de 60 organizaciones civiles nacionales e internacionales señalaron a Llaven Abarca de violaciones a los derechos humanos y firmaron un comunicado para externar su preocupación. Lo acusan de cometer detenciones arbitrarias, torturas y amenazas.
Recordaron que cuando fue secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el gobierno de Manuel Velasco, la situación de los derechos humanos se agravó en el estado de Chiapas. Además, lo acusaron de no prevenir la violencia contra las mujeres, lo que se vio reflejado en el incremento de feminicidios.
Y es que Chiapas vive un incremento de inseguridad desde 2020, cuando comenzaron los reportes de familias desplazadas por el problema de inseguridad, el cual venía arrastrando el estado desde 2018, cuando comenzaron las caravanas de migrantes que llegaban desde Centro y Sudamérica.
Enfrenta grandes retos
Esto debido a que la migración es uno de los negocios más lucrativos para el crimen organizado, después de drogas y tráfico de armas. Por ello, la disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que en alianzas con grupos locales han desatado un infierno en Chiapas.
Abarca ya había sido fiscal de Chiapas de diciembre de 2018 a diciembre de 2020 durante la administración de Rutilio Escandón.
Apenas esta semana escribía en este espacio del pésimo desempeño de Cuitláhuac García como gobernador en Veracruz y que probablemente había sido el peor mandatario de ese estado. Pues podría asegurar que Rutilio Escandón ha sido, hasta ahora, el peor gobernador en la historia de Chiapas.
Chiapas ha sido siempre un estado complejo de gobernar. Está la frontera, hay mucha pobreza, pero no hay precedente de la presencia de grupos criminales que manejan desde el trasiego de drogas, hasta las caravanas migrantes, tráfico de personas y extorsiones, entre otros delitos, como lo hemos visto en estos últimos seis años.
El pasado viernes 6 de diciembre la Presidenta Claudia Sheinbaum visitó por primera vez Chiapas como mandataria de México, donde reconoció que hay inseguridad generada por el crimen organizado, pero se comprometió a atender los problemas de inseguridad.
Al día siguiente de su visita se informaba que el grupo armado El Machete abandonaba la localidad de Pantelhó, tras varios meses de enfrentamientos con civiles armados.
Las autoridades locales no han tenido nada que ver en el intento de controlar la inseguridad en el estado. Se ha tenido que hacer una estrategia federal para que la gente pueda vivir en Chiapas.
Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se trasladó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Gobierno del estado, para ingresar como primer punto a localidad de Pantelhó.
La realidad es que las instituciones de seguridad del Gobierno federal están atendiendo a la población. Esto ya es como una medida humanitaria para proteger a quienes ahí viven y tienen sus tierras.
En Pantelhó, una comunidad de la cual se habían apropiado los grupos delincuenciales, hoy llegan más de 800 elementos y servidores públicos que trabajan en el restablecimiento de servicios como agua y electricidad. Todo en coordinación de la Sedena, Segob, CFE y autoridades estatales.
También se entregan despensas en las plazas públicas y casa por casa, además de ofrecer consultas médicas, principalmente a las mujeres y niñas de la cabecera municipal.
Las autoridades federales han dicho que la presencia institucional continuará para evitar el conflicto, y aseguran que el Gobierno de México construye la paz en Pantelhó y en todo Chiapas.
Las autoridades federales llegan en un momento crítico por los enfrentamientos que se han venido dando entre integrantes de El Machete y Los Herrera, quienes se hacen llamar autodefensas. El pasado 3 de diciembre decenas de habitantes tuvieron que abandonar sus viviendas para evitar ser víctimas colaterales de esos enfrentamientos.
Y es que son muchos los grupos criminales que tienen presencia en Chiapas.
Personal de la Defensa, Guardia Nacional (GN) y policía estatal, han estado realizando patrullajes en la cabecera municipal para garantizar la seguridad.
Elementos del Ejército trabajan para regresar el servicio de electricidad y agua potable a la comunidad, también están entregando despensas, agua embotellada y brindando consultas médicas.
La situación en esa zona del país es muy compleja. Las balaceras entre El Machete y Los Herrera no solamente es por un tema de territorio, también abarca un lado político, pues integrantes de El Machete querían la destitución del Concejo Indígena de Gobierno 2024-2027 y querían imponer uno nuevo que lo integraran la mayoría de sus líderes.
El Machete surgió en 2021, luego del asesinato de Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos y líder de la organización Las Abejas de Acteal.
Todas las fuerzas federales de seguridad pueden hacer su trabajo y entregar buenos resultados, pero si el Gobierno local, ahora con Eduardo Ramírez, no hace su trabajo, no pide pruebas de control y confianza a su propio gabinete, la seguridad en Chiapas sólo se podrá mejorar a corto plazo.
En 2024 se duplicaron los homicidios en Chiapas con respecto al 2023. Urge que el gobernador Eduardo Ramírez trabaje a fondo para recuperar la paz en Chiapas, y para hacerlo, tiene que rodearse de colaboradores que lo ayuden a trabajar por su estado.