El gobierno ángel de la guarda pretende (habrá que ver si lo consigue), preservarnos de todos los males, incluidos los que podemos hacernos a nosotros mismos (consumiendo sustancias dañinas y adictivas), lo cual viola el derecho al ejercicio de la libertad individual y al uso de la propiedad privada (el ejercicio de la libertad siempre implica el uso de alguna propiedad, son las dos caras de la misma moneda), derechos que el gobierno debe defender, y que el gobierno ángel de la guarda viola, por lo que en realidad es un no - gobierno.
Ejemplos del gobierno ángel de la guarda hay muchos. El más reciente lo tenemos en la prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos. Leemos, en al artículo 5 de la Constitución: “Queda vedada la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad para la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley”. ¿Intención? Evitar su consumo y el daño que les causaría a los fumadores. ¿Consecuencia? Violación del derecho a la libertad individual y a la propiedad privada, algo más grave que el daño que dicho consumo ocasionaría.
Me llama la atención que la defensa de la producción, oferta y venta de vapeadores y cigarros electrónicos (e indirectamente de su demanda, compra y consumo), se ha llevado a cabo, en primer lugar, señalando las consecuencias que la prohibición traerá consigo: la aparición de mercados negros de dichos productos, consecuencia que, mientras haya demandantes de esos productos, tendrá lugar. Recordemos la primera ley del mercado: Si el demandante está dispuesto a pagar el precio al que el oferente está dispuesto a proveerlo, habrá oferta. Y como el propósito del oferente es vender, ofrecerá al precio que el demandante esté dispuesto a pagar.
El argumento que señala la aparición de mercados negros, para oponerse a la prohibición de la producción, oferta y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, es válido y debe tomarse en cuenta, por lo que significa la aparición de dichos mercados. Y lo que significa lo vemos con el narcotráfico, desde la comisión de delitos (secuestros, torturas, asesinatos, extorsiones), hasta el contubernio de delincuentes y autoridades gubernamentales (sin el cual el narco no podría operar como lo hace).
Dicho argumento es válido pero, por no ser el más importante, no es el más eficaz. El primer argumento que debe utilizarse para oponerse a la prohibición de la producción, oferta y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, y por lo tanto de su demanda, compra y consumo, es que se viola el derecho al ejercicio de la libertad individual y al uso de la propiedad privada, argumento que será eficaz solo si los legisladores entienden lo que el respeto a esos derechos exige de las leyes y del gobierno, algo que, quienes votaron a favor de la reforma constitucional en contra de la producción y consumo de vapeadores y cigarros electrónicos, obviamente no entienden. Por eso hay que insistir.
El argumento centrado en las consecuencias es correcto pero insuficiente. El más importante, que debería ser más que suficiente, es el que se centra en los principios éticos, en el respeto a los derechos de las personas, en la práctica de la justicia.