“La sociedad no le tiene confianza a las autoridades ni al proceso de denuncia”, señala el último informe de la Organización Impunidad Cero, que además apunta que en México de 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian. Por ende, sigue reinando la impunidad.
En nuestro país de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto significa que la probabilidad de que un delito sea resuelto en México, luego de ser denunciado, es de apenas el 0.9 por ciento. Así de desamparados estamos.
La situación se vuelve aún más preocupante en este país donde siete de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, incluyendo la violencia digital, que aún con una nueva ley que la combate, la impunidad sigue pesando más.
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El reciente caso de Diego “N”, absuelto por un juez el pasado 4 de diciembre, de dos acusaciones en su contra por el delito de ataque a la intimidad sexual contra estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, es la muestra más contundente.
El joven de 19 años fue detenido en octubre de 2023 señalado de utilizar Inteligencia Artificial para modificar fotos de jóvenes estudiantes con el fin de venderlas o difundirlas como contenido sexual.
En su poder tenía un dispositivo con al menos mil fotografías de mujeres entre 17 y 25 años, manipuladas con programas de IA; además de 166 mil imágenes y más de 12 mil videos pornográficos para su distribución, sin consentimiento de nadie.
Pero el juez que tenía el caso en sus manos, consideró que nada de eso eran “elementos suficientes” para demostrar la culpabilidad del acusado, a pesar de que la Fiscalía comprobó que al menos en 40 por ciento de las fotografías alteradas, aparecían las alumnas del Politécnico.
Dichas víctimas llevan más de un año en un proceso muy desgastante, en el que la justicia una vez más les falló, porque se trata de un caso flagrante de violencia digital.
“Hubo un medio comisivo digital que fue el uso de las tecnologías. El uso de un iPad, el uso de Inteligencia Artificial para alterar fotografías íntimas sexuales; y no solo es violencia digital, es violencia sexual digital, la alteración de imágenes de contenido íntimo sexual”, me dijo la activista Olimpia Coral Melo, desde la ciudad de Washington donde se encontraba cuando se dio a conocer el inexplicable fallo del juez.
Para la activista, impulsora de la Ley Olimpia, la decisión revictimiza a ocho estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, porque se trata de una complicidad misógina de las autoridades, que nuevamente parecen velar más por los derechos de los agresores, que de las víctimas, al aceptar argumentos incongruentes para absolver a un presunto violentador.
En la audiencia, la defensa de Diego “N” señaló que el dispositivo ya tenía las fotografías cuando él lo adquirió, sin embargo, es difícil demostrar que dichas imágenes eran específicamente fotografías de esas ocho mujeres, compañeras de clase del acusado, que además tenían publicadas esas fotografías en sus redes sociales.
“¿Quién les va a reparar el daño a esas víctimas? Es desolador, porque lo que se les está diciendo, es que, aunque denuncien no habrá justicia. Que, aunque vivan sus procesos, No habrá justicia. Que, aunque busquen hacer las cosas de manera formal como lo dicta la ley, No basta”. Me dijo una desesperada Olimpia Coral Melo.
De esta manera quedaron expuestas nuevamente las injustificables fallas en el sistema de justicia penal, que no tiene un correcto protocolo en la valoración de las pruebas para tipificar un delito.
En el caso específico de Diego “N” es claro que se cometió violencia digital, al tener que comprobar su ejecución. El señalado elaboró el material, las alteraciones y la distribución, sin embargo, tampoco hay una línea clara a seguir para sustentarlo.
El mensaje que se dio a la sociedad con esta determinación de un juez a quien le tocó decidir sobre un caso de violencia contra una o varias mujeres, es nuevamente desesperanzador, pues las víctimas vieron violada su intimidad, públicamente y sin consecuencias.
Nuevamente el mensaje es que en México se puede violentar a las mujeres sin consecuencias, porque el poder de la justicia lo tienen hombres que juzgan sin perspectiva de género, y para ello, tampoco habrá consecuencias.
La próxima audiencia de Diego “N” quedó aplazada para el 29 de enero de 2025. Las víctimas y activistas aliadas buscan llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso a la Relatoría de la Organización de las Naciones Unidas, cruzando las fronteras, en busca de la justicia que en México no encuentran.
Entonces, ¿cuál “tiempo de mujeres”?…
