Este cierre de año está lleno de preocupaciones para millones de personas que son o tienen familiares migrantes indocumentados en Estados Unidos, así como para las personas que esperan en México una cita para tramitar asilo político en nuestro vecino del norte.
No es para menos, a principios de enero se ratificará el nuevo mandato de Trump y el día 20 retomará las riendas del gobierno con más experiencia, las Cámaras a favor y las mismas explosivas promesas de campaña que prometen erradicar la migración ilegal cueste lo que cueste.
Con el regreso de personajes infames como Thomas Homan, el nuevo “zar de la frontera”, y Stephen Miller, responsable de las propuestas más radicales y racistas de la pasada administración, la tensión se ha acumulado en la comunidad migrante llenando de consultas a las ONG y a los despachos de abogados. Trump ha prometido realizar la deportación masiva más grande de la historia en su primer año de regreso al poder y, ciertamente, se ha rodeado de las personas idóneas para tal propósito.
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Si bien todo país tiene derecho a exigir legalidad y orden en el ingreso y permanencia en sus tierras, existen aspectos legales y humanitarios que han de observarse. Existen leyes internacionales, por ejemplo, que protegen a las personas que buscan asilo político. Es ilegal negar o dilatar estos procesos. Del mismo modo existen disposiciones que protegen a los migrantes en contra de los tratos inhumanos y que exigen a los países receptores ciertas garantías. Y cuando se trata de familias con menores o de menores sin acompañantes adultos, las reglamentaciones son aún más estrictas para evitar el sufrimiento de inocentes.
La pasada administración de Trump provocó uno de los mayores escándalos de sus años al poder al implementar medidas que negaban los derechos de asilo y que eran crueles intencionadamente al separar a las familias y enjaular a niños, incluso bebés, lejos de sus padres. Se estima que 5,500 niños fueron separados de sus padres. El clamor internacional logró que Trump firmara, a regañadientes, una orden para detener este sinsentido, pero el daño estaba hecho y aún hoy existen 1,400 menores que jamás se reencontraron con sus padres. Huérfanos creados por el Estado en una de las políticas más crueles de la historia de EU.
Las deportaciones también romperán familias. La “alternativa” de Trump, deportar también a los hijos aunque sean nacidos en EU, desafía el sentido común y a la ley misma. Sin embargo, con las cámaras y el supremo a su favor, sólo la ley moral y el sentido humanitario quedarán entre los migrantes y la aplanadora populista de Trump. Los migrantes son el enemigo creado y deshumanizado, no importa que sufran porque “no son como nosotros”.
