Si usted consulta a la gente que le rodea verá que son muy pocas las que opinan favorablemente de los servicios prestados por las aseguradoras, en especial en pólizas de gastos médicos, daños a casa habitación o cobertura industrial; tenga por hecho que 90% de esas personas se quejará del alto costo de las primas, de lo complicado para hacer reclamos, que el reclamo sea admitido y finalmente pagados dada la santa trilogía de esas compañías: demorar, negar y defender.
Y luego la directiva de la Asociación Mexicana de la Industria de Seguros, que encabeza Juan Patricio Riveroll, se dice sorprendida por el bajo nivel de aseguramiento en México.
Los seguros de automóviles, dado su carácter obligatorio y por ir engarzado al crédito automotriz que se realiza en el 80% de las unidades sin rodar según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores al mando de Guillermo Rosales, han logrado una fuerte penetración de mercado al mejorar —en términos generales— los tiempos de atención y solución de controversias. Pero los demás tipos de seguros, por lo regular, son una costosa pesadilla.
Murat y la 4T, el mundo al revés
Los corredores y agentes de seguro suelen confortar a su clientela diciéndoles que el gasto en primas “es por la prevención”, aunque no se reciba servicio o compensación alguna por el pago, mismo que va a engordar los balances de las compañías y sus accionistas cuyas ganancias avanzan arriba del 30 por ciento anual.
Quien esto escribe vivió el abandono que Seguros Monterrey, que dirige Gustavo Cantú, hizo de la póliza de gastos médicos mayores para una operación que evitaría la pérdida de movilidad de su hija mayor; el corredor sugirió “esperar tres semanas” a que se activaran farragosas cláusulas en medio de dolores insoportables de la afectada; denuncié el hecho ante la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros en los tiempos de Oscar Rosado, gané, pero Seguros Monterrey nunca cumplió. Ahorros propios y amoroso apoyo familiar permitieron sufragar el peligroso trance.
Hoy cada pago a Mapfre, que dirige Alberto Berges, por un servicio que no he usado y que dudo me sea prestado, sólo siento indignación… una indignación que sintió multiplicada hasta el infinito Rubén López cuando el seguro privado le negó pagar las cuentas de su esposa —con derrame cerebral— a la que tuvo que trasladar a un hospital público donde murió y dejar a su hijo sin su madre.
O la ejecutiva bancaria de altos vuelos, Lourdes “B”, a la que la aseguradora no quiso, por extrañas cláusulas, pagar las quimioterapias de su madre.
O digamos el caso del exitoso empresario Sergio Díaz, fundador de Bardahl, que tiene asegurada su fábrica, equipo de transporte terrestre y aéreo, propiedades y decenas de agencias de distribución, que pagando centenas de millones de pesos anuales a AXA que dirige Daniel Bandle, hoy sólo “ofrecen” pagarle 36 mil pesos por daños calculados en cerca de 8 millones de pesos que el huracán Otis ocasionó en una residencia en Acapulco.
O recordar al valiente almirante Wilfrido Robledo, eje del sistema de seguridad pública cuando éste era funcional, que murió prematuramente de cáncer cuando la “aseguradora de un cierto bulto” ya no pagó los tratamientos.
Es decir, que ninguna persona, por afortunada que sea, puede tener certeza de que las aseguradoras le resarcirán de un siniestro.
Guardadas las proporciones, la sociedad estadounidense está dividida tras el reciente asesinato del director de la poderosa United Healtcare, Brian Thompson (firma que rechaza 3 de cada 10 reclamos de gastos médicos), a manos de Luigi Mangione, entre los que ven a un asesino a sangre fría y los que encomian a El Ajustador como un antihéroe que “cobró justicia” luego que los “beneficiarios del sistema” decidieron incumplir lo pactado dentro de “el mismo sistema”.
La justicia por mano propia sólo orilla a la Ley de la Selva…, pero el pueblo, de cualquier estrato, sonríe por lo bajo cuando esa mano golpea a sus abusadores, pese al riesgo enorme de que el golpe se vuelque contra todos.
Crisis de vivienda en CDMX, soluciones zurdas. Ante la evidente crisis de vivienda en la CDMX, que involucra al multicitado problema de la gentrificación, el Gobierno de Clara Brugada busca cómo habilitar más de 200 mil inmuebles que, de acuerdo con el Inegi, se encuentran en estatus de “inhabitados”; esto, según, para dar cobertura al derecho a la vivienda que tanto defiende la morenista desde los tiempos de campaña. En el interinato de Martí Batres se pensaba que la solución sería cómo regular a las compañías de renta por app tipo Airbnb o Booking.
No obstante, un estudio realizado por la consultora Alquimia Urbana, demostró que los inmuebles enlistados en estas plataformas apenas son la décima parte de los que se dejaron en el abandono… o sea que aniquilarlas soló serviría para ganar aplausos en el graderío, no para resolver el problema.
SICT licita estudios de mercado de trenes. La nueva es que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jesús Esteva, concluirá este viernes el concurso para licitar los estudios de tráfico y mercado para los tres primeros tramos de trenes de pasajeros que proyectó el Gobierno de Claudia Sheinbaum: el tramo México-Querétaro, el Querétaro-Irapuato-León, así como el Monterrey-Saltillo-Nuevo Laredo que ejecutará la Agencia de Transporte Ferroviario a cargo de Andrés Lajous.
Tales estudios son vitales para estimar la rentabilidad social y tasa de retorno pública de tales inversiones… por lo que tendría que considerar el costo de derecho de vía, incluyendo aquel que se ubica en territorios del crimen organizado.
Medicinas, siguen preguntas sin respuestas. Hasta el día de hoy, la Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich, espera responder las casi 5,400 preguntas de proveedores para la licitación multianual de 4 mil claves de medicinas e insumos de salud, a fin de poder iniciar la compra el 26 de diciembre.
Por ahora, hay más preguntas que claves por concursar.