Entrados en la nueva normalidad en la que, desgraciadamente, pondremos a elección popular al Poder Judicial, que debería ser producto de la formación, la experiencia y la probada imparcialidad, deberíamos de intentar celebrar las elecciones de la mejor forma posible.
En Bolivia, de donde abrevamos en buena parte este extraño arreglo constitucional, se acaban de verificar los comicios para elegir a los miembros de la judicatura. Afortunadamente, la OEA desplegó una misión de observación cuyo reporte preliminar nos arroja lecciones valiosas para la experiencia que estamos por inaugurar.
Durante la etapa de preselección de candidaturas, la misión de la OEA encontró que la labor de los comités que determinaron cuáles de los aspirantes podrían calificar a la fase de candidaturas, fue deficiente. Observó que las actuaciones de los distintos comités vulneraron los principios de publicidad, transparencia activa y máxima divulgación, que deben regir los procesos de evaluación para ocupar las más altas magistraturas de la nación. Desgraciadamente, en México ya ocurrió una situación similar. Los tres comités (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) han actuado de forma opaca y sin que la ciudadanía haya podido ejercer observación de los procesos de toma de decisión, para incluir o desestimar los perfiles que se inscribieron a los distintos cargos.
Van por responsables de negligencia
Al respecto, la OEA recomendó establecer un comité asesor que incluya a miembros de la judicatura, de las facultades de derecho de universidades públicas y privadas, de empresas, defensoría de derechos humanos, de los colegios de abogados y organizaciones de la sociedad civil, entre otros, a fin de asistir a los comités para el diseño de las metodologías de la selección y la ejecución de los procedimientos selectivos.
Adicionalmente, se recomendó aprobar grupos de observación electoral, que puedan acompañar los trabajos de los distintos comités y de la autoridad electoral. En este caso, sería positivo que el Consejo General del INE reglamentara la observación electoral en todos y cada uno de los eslabones de la elección sin cortapisas.
En cuanto a la selección de las candidaturas, resultaría preocupante que el INE no tuviera la atribución para cerciorarse que las candidaturas cumplen con los requisitos de ley. Así como la autoridad electoral es responsable de verificar que las candidaturas de los partidos cumplen con la legislación, es indispensable que sea el INE, y no los comités, el que determine la procedencia legal de quien aparecerá en la boleta. Los comités no pueden ser juez y parte.
En el caso de Bolivia, la OEA recomendó establecer un régimen de impugnaciones accesible y claro. Hasta ahora, quienes han sido rechazados en las primeras instancias en México no han tenido un recurso accesible para controvertir las decisiones de los comités. Es indispensable desarrollar un esquema eficaz de inmediato.
En cuanto a la difusión de las candidaturas, la misión recomendó reforzar el presupuesto destinado a dar a conocer cargos a elegir y candidaturas, incluyendo extender el tiempo de difusión y emplear modalidades más inclusivas y accesibles, para maximizar el alcance de la ciudadanía y que no se restrinja el debate público entre candidaturas. Dadas las limitaciones a las actividades de campaña, este aspecto es crucial a fin de brindar al electorado elementos claros para poder ejercer un voto informado.
La elección de juzgadores se trata, en palabras del exrelator sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán, de que “cuanto más alejado esté el poder político de los procesos de selección y designación, mejor”. México está a tiempo de aprovechar las experiencias comparadas.
