Para darnos una idea del engendro fiscal que padecemos, tanto por el lado de los egresos como de los ingresos, repasemos algunas cifras del 2023 y hagamos algunas cuentas.
En 2023, a nivel federal, se cobraron, considerando por separado cada uno de los impuestos especiales sobre producción y servicios, 16 impuestos distintos (lo cual implica, en muchos casos, doble y hasta triple tributación), y se recaudaron $4,623,583,100,000 ($4.6 millones de millones).
Si en vez de esos 16 impuestos distintos se hubiera cobrado un impuesto único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin excepción de sujeto, actividad u objeto gravable), a la compra total de bienes y servicios (tanto para la producción como para el consumo final), del 10.85% se hubiera recaudado lo mismo.
Murat y la 4T, el mundo al revés
Si en vez de esos 16 impuestos distintos se hubiera cobrado un impuesto único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin excepción de sujeto, actividad u objeto gravable), nada más a la compra de bienes y servicios para el consumo final (no a la compra de factores de la producción), del 19.77% se hubiera recaudado lo mismo.
Imaginemos cómo se apuntalaría la competitividad del país (su capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, que producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos, condiciones del bienestar), si no se cobraran impuestos, ni a la compra de factores de la producción, ni a las utilidades de los empresarios, lo cual se lograría con el impuesto señalado en el párrafo anterior.
Los impuestos considerados en los párrafos anteriores suponen que el gobierno sigue gastando en todo lo que gasta. En las tareas que le son propias: provisión de seguridad e impartición de justicia. En las relacionadas con desarrollo social: redistribución del ingreso. En las relacionadas con crecimiento económico: producción de bienes y servicios. ¿Qué pasaría si, como debería ser, se limitara a la realización de las tareas que le son propias?
Lo que pasaría es que, con el impuesto único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin excepción de sujeto, actividad u objeto gravable), no expoliatorio (para financiar solamente las legítimas tareas del gobierno: provisión de seguridad e impartición de justicia), a la compra de bienes y servicios para el consumo final (no a la compra de factores de la producción, no al ingreso, no al patrimonio, no a las utilidades), del 2.31% (sí: ¡del 2.31%!), hubiera alcanzado, lo cual nos da una idea de lo que nos cuesta un gobierno que hace más, mucho más, de lo que legítimamente le corresponde, desde redistribuir el ingreso (quitarle a Juan para darle a Pedro), hasta producir bienes y servicios (tarea propia de los empresarios, no del gobierno).
Teniendo en cuenta lo anterior (el gobierno gasta en lo que no debe, por lo cual gasta de más, y muchas veces de mala manera), es inaceptable la propuesta a favor de una reforma fiscal centrada exclusivamente en cobrar más impuestos, partiendo de la idea, falsa, de que un mayor gasto del gobierno se traduce en mayor bienestar de la gente, lo cual no es cierto, sobre todo si el mismo debe ser el resultado de la generación personal de ingreso, producto del trabajo de cada quien, no de la redistribución gubernamental del mismo.
