En los dos anteriores Pesos y Contrapesos vimos, con los datos por delante, que el gobierno gasta en lo que no debe (desde redistribución del ingreso, quitándole a Juan lo que, por ser producto de su trabajo, su ingreso, es de él, para darle a Pedro lo que, por no ser producto de su trabajo, parte de su ingreso, no es de él, hasta la producción de bienes y servicios, tarea propia de los empresarios, no del gobierno), razón por la cual gasta de más, y muchas veces de mala manera. Puse como ejemplo de esto último los subsidios a la oferta (malos por ser subsidios), y no a la demanda (menos malos por ser a la demanda), como es el caso, uno entre muchos, de la educación.
En lo que toca a la relación gobierno – educación, lo primero que debemos hacer es distinguir entre el gobierno pagando la educación de quien no pueda pagarla y el gobierno produciendo y proveyendo educación, convirtiéndose en educador. (La educación hay que pagarla porque producirla y proveerla cuesta, desde la formación y perfeccionamiento de los maestros, pasando por la elaboración y actualización de los planes y programas de estudio, hasta la construcción y equipamiento de las escuelas),
El gobierno debe limitarse a lo primero, a pagar la educación de quien no pueda pagarla, y, aplicando el principio de subsidiariedad (te ayudo a partir del momento en el que no puedas ayudarte a ti mismo), solo en la medida en la que no pueda pagarla, pero no debe ser el educador de niños y jóvenes, y tampoco el rector de toda la educación, la gubernamental y también la privada, lo cual resulta en la homogenización de la misma, en función del interés del gobierno de adoctrinar según su ideología, que siempre es una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y de cómo deben comportarse las personas, por las buenas o por las malas, para lograr esa sociedad.
Lo que Merino dejó en el edén
¿Puede la educación gubernamental, sobre todo en lo que a las ciencias sociales respecta, ser algo más que adoctrinamiento a favor del gobierno en turno? Para responder analicemos el contenido de los libros de texto “gratuitos”, entrecomillado porque, estrictamente hablando, dado que escribir, editar y distribuir libros cuesta, estos no pueden ser gratuitos: a los contribuyentes, con parte de los impuestos que nos cobran, nos obligan a pagarlos.
En lo que respecta a la participación del gobierno en la educación debemos tener claro que una cosa es que el gobierno pague la educación de quien no pueda pagarla, y solo en la medida en la que no pueda pagarla (estoy a favor, para generar corresponsabilidad, de que en todos los casos se cobre una cuota mínima a los padres o tutores de los alumnos), y otra que el gobierno se convierta en el educador de niños y jóvenes.
Si lo primero (que el gobierno pague la educación de quien no pueda pagarla, aunque solo sea en la medida en la que los padres o tutores del alumno no puedan pagarla), tiene el inconveniente, que no es menor, de que implica redistribución gubernamental del ingreso. Lo segundo, que el gobierno sea el educador, es inaceptable, de entrada porque educar no es una de las legítimas tareas del gobierno, que se limitan a dos: proveer seguridad contra la delincuencia y, de fallar, impartir justicia en su doble vertiente: castigar al delincuente y obligarlo a resarcir.
Continuará.
