Ingenieros Civiles Asociados (ICA), dirigida por Guadalupe Phillips Margain, acumula señalamientos por adeudos que, a punto de cerrar 2024, superan los 112 millones de pesos a diversas empresas subcontratadas. Estas deudas están relacionadas con trabajos en proyectos emblemáticos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y los reclamos no han cesado en semanas recientes. Sin embargo, el tiempo transcurre sin que la constructora o sus filiales den solución a las exigencias de pago, para dejar a las empresas afectadas al borde del colapso financiero.
El consorcio “Empresarios Afectados por ICA y sus Filiales” ha sido claro en sus denuncias: despidos, recortes de personal y ventas de activos han sido necesarios para subsistir.
Entre las empresas afectadas se encuentra Construcciones Peñascos, S.A. de C.V., que reclama un adeudo de 61.9 millones de pesos. Esta firma inició tres demandas legales en la Ciudad de México, bajo los expedientes 521/2024 en el Juzgado Vigésimo Sexto Civil de Proceso Oral, 522/2024 en el Vigésimo Noveno Civil de Proceso Oral y 585/2024 en el Cuadragésimo Cuarto Civil de Proceso Oral.
Autoridad municipal burla acuerdos
Sin embargo, el proceso enfrenta retrasos debido a los constantes cambios de domicilio de las filiales de ICA involucradas, como Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido, Holding Prefabricados, Península Maquinaria y Equipo Pesado y Constructora MT de Oaxaca.
Por su parte, KYPCON Ingenieros Civiles reclama 23.1 millones de pesos. Ante la falta de pagos, la empresa ha tenido que vender maquinaria y recurrir a financiamientos externos para mantener sus operaciones.
ICAPSA Infraestructura de Desarrollo, otra empresa afectada, reporta una deuda de 4.2 millones de pesos por trabajos relacionados con el acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo que ha afectado directamente el pago de nóminas y prestaciones laborales. Finalmente, el empresario Marco Antonio Valdez Gutiérrez es el único que reclama directamente a la matriz de ICA un adeudo superior a los 22 millones de pesos, una deuda que ha comprometido la operatividad de su empresa y el mantenimiento de su equipo.
El historial de ICA en materia de impagos no es nuevo. En años recientes, ha enfrentado bloqueos de vialidades, denuncias públicas e incluso cuestionamientos sobre su participación en licitaciones. En 2022, transportistas afectados por adeudos relacionados con el acarreo de materiales para el AIFA bloquearon el Circuito Exterior Mexiquense, exigiendo pagos que llevaban meses pendientes. Otro caso es el de Energéticos Internacionales (Energex), que desde hace más de ocho años reclama un adeudo de 22 millones de pesos, incluidos intereses moratorios acumulados. A pesar de contar con sentencias judiciales a su favor, la constructora sigue sin cumplir con los pagos. Por otro lado, la Presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante una conferencia matutina, en donde dejó en claro que los adeudos no son responsabilidad del Gobierno federal, sino el resultado de compromisos entre empresas privadas y subcontratistas. No obstante, los empresarios afectados han insistido en que su intervención podría ser clave para ejercer presión sobre ICA y sus filiales, quienes hasta ahora han eludido el cumplimiento de los pagos pendientes.
ICA tiene contratos gubernamentales. De acuerdo con Compranet, entre 2016 y 2024 ha firmado 33 por un valor superior a los 55,347 millones de pesos. Destacan el Tramo 4 del Tren Maya y el Puente Nichupté en Cancún, proyectos estratégicos en los que, paradójicamente, algunos de los mismos proveedores que ahora reclaman adeudos participaron activamente.
Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, la historia se repite. ICA avanza en nuevos contratos multimillonarios mientras los empresarios afectados observan cómo sus demandas caen en saco roto. No se trata únicamente de un problema de carácter privado; la persistencia de estas prácticas pone en riesgo la credibilidad y la sostenibilidad de los proyectos prioritarios del país. Si no se resuelve pronto, el costo podría ser mayor que los millones que están en juego.
Limpia en Guanajuato. Vaya revuelo que ha causado el nuevo secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, que además de percibir un salario neto mensual de 147 mil 423 pesos, es decir, 14 mil pesos mayor a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acarrea denuncias de carácter penal y administrativo relacionadas con presuntas compras irregulares realizadas cuando fue titular del Hospital Regional del ISSSTE. Las irregularidades han sido señaladas por su sucesora del mismo cargo, Martha Karina Rodríguez Lizola, que al llegar a la institución se dio cuenta de las malas prácticas y envió oficios tanto a la Función Pública, de Raquel Buenrostro, como a la Auditoría Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo. Las denuncias también involucran a tres trabajadores de confianza del Hospital Regional del ISSSTE: Ana Rosa Quiroz Ramírez, coordinadora de Recursos Financieros; Héctor Javier Tenorio Luna, coordinador de Mantenimiento, quienes aparecen como socios de empresas proveedoras.
Voz en off. Total Play recibió un aumento en su calificación crediticia por parte de Fitch Ratings, pasando de ‘CCC+’ a ‘B-’, con una perspectiva estable. Este avance refleja una mejora en su posición financiera gracias a la generación de flujo de efectivo libre positivo en 2024, una disminución en las necesidades de refinanciamiento y un perfil de vencimientos más extendido. Este respaldo a la empresa de Grupo Salinas representa un fortalecimiento en su liquidez y una percepción de menor riesgo, posicionándola mejor en el mercado
de telecomunicaciones…
