Los primeros damnificados por la elección judicial serán los propios consejeros del INE. A ellos les van a cargar la culpa cuando las cosas salgan mal, aunque los responsables más evidentes estén en el Poder Legislativo y en los que diseñaron la iniciativa respectiva.
Es plan con maña, porque a la autoridad electoral también le llegará la hora de la reforma. Recordemos que uno de los ejes del Plan C radica en una transformación profunda del sistema electoral, contemplado el debilitamiento del propio INE, la designación por voto popular de consejeros, reducción del financiamiento público para los partidos políticos y la cancelación de las diputaciones y senadurías plurinominales.
Si no se ha implementado, es porque necesitaban de la actual integración del INE para llevar a cabo la jornada comicial.
Autoridad municipal burla acuerdos
En ese contexto, la elección judicial es sólo una estación previa, aunque sus implicaciones serán profundas para el Estado de derecho, porque llegarán a los cargos gente sin experiencia.
Los puntos flacos del proceso son diversos, pero destaca la escasez de recursos, ya que se estimaban 13 mil millones para trabajar con los parámetros adecuados, pero en el mejor de los casos se podrán ejercer unos seis mil millones y eso previo recorte de actividades y proyectos.
Será imposible instalar las casillas como en una elección tradicional y se optará por 75 mil centros de votación, lo que complicará que los ciudadanos se trasladen a las urnas, y, para colmo, en un escenario que pinta ya, desde ahora, para ser el de mayor abstención de la historia.
A ello contribuirán las boletas, que consistirán en amplios listados sobre aspirantes de los que, en la mayoría de los casos, no se tendrá una idea, ni remota, de quiénes se trata.
Se tienen que imprimir 600 millones de papeletas, pero como no hay dinero, se harán en hojas con las mínimas medidas de seguridad.
El consejero Jaime Rivera atinó al señalar que “el INE hace elecciones, no milagros.”
Pero los apremios económicos no son tampoco el meollo del asunto, sino la insensatez del procedimiento, ajeno a cualquier parámetro internacional, ya que ni siquiera en Bolivia tienen alcances similares a los que aquí habrá.
Ahí está lo central, porque además ya se vislumbran desafíos ante la probable participación de actores políticos y de interés, que tratarán de influir en las votaciones.
Estamos ante un horizonte donde pueden converger el desmoronamiento del Poder Judicial y el que respecta al INE. Es decir, elecciones dudosas pero que darán pie a las designaciones en la Suprema Corte, Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina, de magistrados y jueces, bajo una oleada de críticas a la autoridad, como preludio de su propia agonía.
Milagros no habrá, más vale tenerlo claro, y en particular en el propio INE, obligado a una tarea imposible y de muy alto riesgo, aunque esencial en el trazado del nuevo régimen.
