Nicolás Maduro, hoy todavía presidente de Venezuela, perdió las elecciones del 2024. Al menos 67% de venezolanos que votó en las elecciones de julio emitió su voto por Edmundo González Urrutia, mientras que Maduro obtuvo 30%.
Estos datos pueden ser verificados por cualquier persona del mundo, acta por acta, casilla por casilla, en el sitio www.resultadosconvzla.com, pues la oposición recolectó, almacenó, procesó y difundió los documentos con los resultados de las urnas validados por las mismas autoridades.
El próximo viernes 10 de enero Maduro intentará asumir nuevamente el cargo como presidente y quedarse en el poder al menos otros seis años, mientras que el ganador de la elección está fuera del país debido a que las autoridades chavistas han desatado una brutal persecución judicial, policial y militar en su contra. A pesar de ello, en Venezuela se respira una tensión pocas veces vista, pues González Urrutia se encuentra de gira por Latinoamérica y ha anunciado que el viernes se apersonará en el Palacio de Miraflores, en Caracas, para tomar posesión como presidente.
Hasta luego… pero sí producen fentanilo
El régimen de Maduro apuesta a que, como ya controla de manera absoluta todas las instituciones políticas y legales del país, no importa que no haya datos verificables. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela dijo la misma noche de la elección que 51.2% del voto fue para Maduro, sin ofrecer ninguna prueba ni evidencia más allá de que las propias autoridades decían que así había sucedido. Si tienen evidencias de los delitos que presenten las denuncias, dice el chavismo en una fórmula clásica de los regímenes en los que el control total de las instituciones del Estado les permite administrar la impunidad a voluntad sin ningún riesgo.
Como la ficción legal que supuestamente legitima el triunfo chavista ya no alcanza para apaciguar a las más de dos terceras partes de la población que votaron para sacarlos del poder, el régimen ha tenido que ejercer el poder a través de su mecanismo más pedestre pero efectivo: la violencia. El régimen se ha lanzado para perseguir, atacar y lanzar a la prisión a miles de personas comunes y corrientes, ya no sólo líderes políticos y activistas, apoyado en un discurso en el que cualquiera que se atreva a dudar, cuestionar o siquiera insinuar que hubo fraude en las elecciones es acusado de traición a la patria, otro señalamiento típico de regímenes autoritarios que hoy se usa en países como Rusia o El Salvador. La campaña se llama literalmente “dudar es traición” y está siendo impulsada fuertemente por las instituciones y las autoridades chavistas. La cacería de traidores también se “democratizó”, pues a través de aplicaciones móviles del gobierno y respondiendo al llamado de Maduro de “vamos por ellos”, cualquiera puede denunciar a quien dude del gobierno en público o en privado.
Ante la asimetría del poder entre los ciudadanos y las autoridades es poco probable que la oposición logre su cometido, pero ésta será la primera vez que habrá evidencias plenas del fraude. Por ello, incluso si Maduro logra aplastar una vez más a la oposición, ya no podrá volver a dormir tranquilo, pues la mayoría de su país lo quiere fuera del poder ya. El viernes puede comenzar el inicio del fin.