Contra violencia de género en la Cuauhtémoc
Relevante, nos comentan, el hecho de que la alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Alessandra Rojo, sea la primera en aprobar la implementación de un protocolo contra la violencia de género. Se trata de una serie de medidas para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la discriminación y la violencia de género en contra de las servidoras públicas y fueron aprobadas durante la sesión del llamado Gabinete Violeta, un órgano único en su tipo en la capital que aborda casos de violencia de género con enfoque multidisciplinario y que, desde su creación, se informó, ha brindado atención a trabajadoras y vecinas que antes se sentían desprotegidas. La propia alcaldesa señaló ayer: “A las que se atrevan a alzar la voz, quiero decirles que aquí no están solas”. Hasta ahora se han presentado dos denuncias penales por hechos ocurridos en administraciones pasadas, pero denunciados por sus víctimas en la actual. Ahí el dato.
Nafin y los fideicomisos judiciales
Y hablando de temas de la reforma judicial, resulta que se armó un debate interesante, porque de los recursos que integran los fideicomisos del Poder Judicial y que debían haber sido reintegrados a la Tesorería de la Federación en diciembre sólo se entregaron los que estaban en manos de Banobras, pues los que están en poder de Nacional Financiera, a cargo del expriista Luis Antonio Ramírez, siguen en esa institución. Y es que, de acuerdo con lo informado, ahí se están tomando muy en serio las suspensiones que jueces han girado en la materia, por lo que se declararon impedidos a retornar los fondos. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Piña, informó que desde diciembre pasado, la ministra giró la instrucción de restituir los dineros, pero dio cuenta de lo que al final pasó. También reveló que la Corte tiene seis fideicomisos por un total de 6 mil 241 millones de pesos, y la Judicatura, cuatro con un saldo conjunto aproximado de 10 mil 260 millones de pesos.
Vapeadores son legales
Con la resaca de las fiestas decembrinas, pocos han reparado en el hecho de que las reformas a la Constitución que prohíben la venta de vapeadores no han sido ratificadas por los Congresos locales. El Senado aprobó el decreto el 11 de diciembre, por lo que fácilmente pudo haber sido ratificado por 16 legislaturas estatales ese mismo día o al siguiente, como ocurrió con la reforma judicial o con la desaparición de los autónomos. Pero no fue así. Hasta el 13 de diciembre, sólo ocho Congresos habían aprobado las reformas. Dicen los que saben que las consultoras de cabildeo contratadas por empresas cigarreras trabajan a marchas forzadas para tratar de bloquear la proscripción de los vapeadores, lo que implica convencer a algunos diputados locales de Morena de que no ratifiquen lo que recibieron del Congreso de la Unión. Claro que también hay quienes creen que sólo es cosa de esperar a que se reanuden los periodos ordinarios en las legislaturas estatales. Veremos.
Trump. La provocación y los riesgos
Al ladrón, al ladrón
Hay muchos que piensan que esta famosa frase, que se refiere a cuando una persona de comportamiento cuestionable señala a otra para desviar la atención y escurrir el bulto, le queda como anillo al dedo al exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco. En momentos en que varios de sus colaboradores están bajo investigación por diversos delitos, decide mover algunos de los hilos que aún controla para tratar de que se someta a proceso penal a su antecesor, Graco Ramírez. La Fiscalía Anticorrupción solicitó a un juez que citara a comparecer a Graco ayer, para imputarlo por una denuncia que data del 2018, presentada, por cierto, por el exfutbolista, una denuncia que la institución ya había desechado, por lo endeble de las acusaciones. Sólo las instancias judiciales determinarán qué procede. Pero el hecho de que el propio Ministerio Público haya pedido suspender la audiencia de ayer para valorar “nuevas pruebas”, hace pensar a muchos que algo no está bien con la denuncia.
Escollos en la elección judicial
Y fue el Comité de Evaluación del Poder Judicial el que ayer tomó la decisión de suspender el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. Así lo informó y dio cuenta de que lo hace en acatamiento al fallo de un juez de amparo. Llama la atención, nos comentan, que la resolución también debería ser acatada por los comités de evaluación de los otros dos poderes, es decir, el del Ejecutivo y el del Legislativo, pues a ambos se les vincula en la misma, sin embargo, hasta anoche ninguno había informado cómo actuará ante dicha suspensión. Ése es el gran dilema. Quienes conocen de los procesos con los que se ha intentado frenar la elección judicial, nos dicen que es una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que ha permitido a distintas instituciones continuar con los preparativos de la elección. El propio comité de evaluación del Judicial lo menciona en su acuerdo, sólo que establece que se trata de una determinación previa y de una jurisdicción constitucional diversa. Por lo pronto, pendientes.
Por Trump, más caravanas
Resulta que el fenómeno migratorio, más que ir desapareciendo por el miedo a las amenazantes deportaciones masivas de Donald Trump, al parecer va retomando nuevos aires, nos hacen ver. Y es que desde Honduras salió un éxodo más, como no se había visto en muchos meses. Los migrantes ya habían abandonado esa opción, porque ya no era muy funcional para llegar a Estados Unidos y cruzar. Sin embargo, nos cuentan, la desesperación y la contención que hay en otros países ya los obligó a retomar esa antigua práctica, ahora desde Centroamérica. Además, en México ya anunciaron tres caravanas más para los siguientes días, ya que siguen entrando personas en condición irregular, se sigue llenando la frontera sur y continúan en traslado cientos de extranjeros. En suma, se está dando un inicio de año muy fuerte, ante el inminente arranque del nuevo periodo presidencial del republicano. Uf.
