El 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro no ganó las elecciones presidenciales en Venezuela. Como documentaron la mayoría de los medios globales, incluidos aquellos que pertenecen a su propio gobierno y a sus aliados en el mundo, las autoridades electorales venezolanas violaron su legislación y no pudieron mostrar evidencias del triunfo oficial.
Las conclusiones del Centro Carter sobre el proceso electoral venezolano fueron clarísimas: aunque la competencia se desarrolló en un terreno desequilibrado a favor del gobierno, los resultados del cómputo de votos no fueron creíbles o “no adecuados a parámetros y entidades internacionales de integridad electoral”.
Maduro fue derrotado en aquellas elecciones, pero logró imponer su victoria por la fuerza dentro de Venezuela y por medio de maniobras geopolíticas en la comunidad internacional.
Hacia adentro, aplicó el método de siempre: represión, estigmatización y persecución, hasta lograr que el candidato rival, Edmundo González, saliera al exilio, y la candidata vicepresidencial, María Corina Machado, tuviera que esconderse.
La imposición del triunfo de cara a la comunidad internacional fue más trabajosa, pero igualmente eficaz a la larga. Maduro contó, desde antes de las elecciones, con el apoyo incondicional de algunos gobiernos en el mundo, que no respetan las normas democráticas internacionales: Rusia, China, Irán, Nicaragua y Cuba.
Una vez que se verificó el desconocimiento o la desconfianza ante los resultados del 28/J de la mayoría de las democracias occidentales, el conflicto se internacionalizó. Como pudo verificarse en la ONU, buena parte del llamado “Sur Global” se puso de parte de Maduro por razones crudamente geopolíticas.
El mayor desafío provino de algunos gobiernos de la izquierda progresista de América Latina que, contrario a lo que muchos esperaban, no reconocieron el triunfo de Maduro. De manera incontrovertible no lo hicieron los gobiernos de Gabriel Boric en Chile y Bernardo Arévalo en Guatemala. Tampoco lo hicieron líderes morales de esa corriente como el uruguayo José Mujica.
Los otros tres gobiernos progresistas, el de Lula da Silva en Brasil, el de Gustavo Petro en Colombia y el de López Obrador en México, intentaron crear una fórmula intermedia, que condicionara el reconocimiento a la presentación de evidencia empírica por parte de Venezuela. En medio del proceso, México se distanció de aquella persuasión, sin que formalmente anunciase un cambio de estrategia diplomática.
En un par de días se producirá la toma de posesión presidencial de Maduro, quien detenta el poder real en Venezuela, a pesar de haber sido derrotado en las urnas. No parecen haber márgenes suficientes para que un regreso de González Urrutia o un nuevo estallido social alteren el curso de los acontecimientos. Tomará posesión Maduro, pero su elección seguirá siendo cuestionada por casi todas las democracias del mundo.