Ya están muertos en términos constitucionales y en menos de cuatro meses estarán muertos de hambre. Mientras, viven en dos limbos: el laboral y en consecuencia el operativo dentro del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que lleva Javier Juárez; la Comisión Federal de Competencia Económica, de Andrea Marván; el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que encabeza Adrián Alcalá y la Comisión Reguladora de Energía, de Leopoldo Melchi.
En términos laborales son de tal magnitud las violaciones contra los derechos de los trabajadores de esos organismos, que cualquier abogado medianamente avezado puede controvertir la reforma constitucional y el presupuesto con que se busca reconstruir un hiperpresidencialismo carente de dinero.
Vaya: en el artículo tercero transitorio de la reforma se dice que los “ahorros” obtenidos de dicha matanza serán usados para financiar Pensiones del Bienestar; es decir, canalizados a la secretaría Santa Claus, a cargo de Ariadna Montiel; ya muy al fondo, en el artículo 7 transitorio, dice que se respetarán los derechos de los trabajadores de los órganos desaparecidos y serán reubicados en las dependencias federales que centralicen sus funciones…, peeero en el Presupuesto de Egresos 2025 se les asignaron recursos sólo para mal vivir por un trimestre y el dinero reasignado a defensa, educación, cultura, agricultura, infraestructura y a la nueva Agencia de Transformación Digital.
Empeora inseguridad con May
Es decir, que el Presupuesto Federal de este año, aprobado por la Cámara de Diputados, contraviene lo dispuesto por la reforma constitucional aprobada por el mismo Poder Legislativo en materia de organismos autónomos.
El limbo operativo consiste en que los directivos de tales organismos afirman mantener vigentes y en marcha sus investigaciones y procedimientos; en contraste, las empresas privadas ven riesgos de seguir adelante bajo la regulación de “institutos zombis”.
Vaya, temen que al no estar vigente la legislación secundaria de las entidades federales centralizadas, caiga otro coscorrón como el que recibió el IFT por parte de Claudia Sheinbaum al continuar la licitación regular (aunque comercialmente inocua) de frecuencias 5G.
El mayor riesgo de esto, empero, recae sobre el organismo que sustituirá a la Cofece —centralizada en la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard—, pues será responsable de garantizar la competencia en todos los mercados de la economía, incluidos los de telecomunicaciones y radiodifusión, que antes correspondía al IFT.
Y si la Cofece toma decisiones apresuradas, así sean con las mejores intenciones, al generar la impresión de querer “salirse del huacal” presidencial, podría afectar mercados fundamentales para la economía de las familias mexicanas que hoy son investigados como los de harina de maíz, licitaciones públicas, salud, financiero, publicidad y comercio digital, autotransporte así como renovación y asignación de nuevas concesiones en telecomunicaciones.
Aguas.
100 días de Alessandra. Ayer se cumplieron 100 días de que Alessandra Rojo de la Vega, contra viento, marea y el oficialismo chilango en pleno, inició su mandato como titular de la alcaldía Cuauhtémoc —el centro del centro de México— con una muy intensa agenda de trabajo para sostener y mejorar las condiciones de vida de las casi 600 mil personas que ahí habitan, así como la experiencia urbana de 2.4 millones de visitantes al día.
Entre la puesta en marcha de fuertes acciones para enfrentar la violencia contra las mujeres, de programas de sustitución y colocación de nuevas luminarias, limpieza de calles y bacheo, mejora de espacios deportivos, la alcaldesa muestra un sólido compromiso con todos sus vecinos sin distingo político.
De eso hace falta mucho en México.
CDMX abre diálogo con anfitriones Airbnb. En más asuntos chilangos, la buena es que la administración de Clara Brugada ya abrió pláticas con los anfitriones de alojamiento temporal a través de plataformas digitales ante la necesidad de contar con espacios suficientes para consolidar a la capital como centro de atracción turística internacional y estar a punto para los miles de aficionados que atraerán los partidos de la Copa Mundial 2026.
Las pláticas buscan zanjar las restricciones absurdas y contraproducentes que dejó Martí Batres contra las plataformas de renta temporal como Airbnb, que limitan la disponibilidad de los inmuebles a tan solo el 50% de noches al año.
Así, Brugada entabló un diálogo directo con un muy nutrido grupo de los llamados anfitriones y acordaron iniciar mesas de diálogo, a partir del próximo lunes, para construir juntos un marco legislativo incluyente y benéfico para la capital del país. En esas mesas participarán la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto; el titular de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz.
Todos ellos tienen el dato de que las propiedades inscritas en estos modelos de renta representan tan sólo el 0.59 por ciento del parque habitacional de la ciudad… por lo que restringir su disponibilidad no contribuye a mitigar el problema de la gentrificación y, por el contrario, genera un muy negativo impacto para la economía capitalina y para su población.
Ojalá salga algo positivo.
European Dregging Company, gol al SAT. A la callada, la SCJN, que encabeza Norma Piña, le dio un revés al Servicio de Administración Tributaria, de Antonio Martínez, al rechazar la revisión del amparo por la incautación del barco de dragado Zheng He en el puerto de Tampico desde noviembre de 2023, propiedad de European Dregging Company, que lleva Filip Buyle.
Un juez federal de Tamaulipas ya había declarado ilegal el procedimiento del SAT para detener la embarcación y tripulantes argumentando que no tenía documentos de importación. El asunto se litigó más de un año en México sin una determinación final, al tiempo que inició un arbitraje internacional que interpuso Luxemburgo —país de la bandera del barco— en contra de México en el panel del Tribunal Internacional del Derecho del Mar por el mismo motivo.
Otro más de los asuntos heredados del gobierno anterior y que puso en entredicho el cumplimiento del estado de derecho en nuestro país.
