El próximo lunes, Estados Unidos tendrá un nuevo presidente, Donald Trump, quien ha hecho campaña durante meses con el discurso de que va a deportar a miles de migrantes.
No tengan la menor duda que lo va a hacer. La expulsión masiva de quienes no cuenten con documentación que acredite que pueden estar en la Unión Americana empezará seguramente la siguiente semana.
No estamos hablando solamente de migrantes mexicanos, miles de salvadoreños, ecuatorianos, hondureños, guatemaltecos, venezolanos y haitianos, entre muchos otros, llegarán a las ciudades fronterizas.
A ciudades como Tijuana, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Ojinaga y Ciudad Juárez, entre otras, pueden ser deportados todos estos migrantes.
Las ciudades fronterizas ya enfrentan serios problemas porque muchos migrantes están en ellas esperando cruzar a Estados Unidos, ahora imagínese con miles de personas más, que cuentan con muy pocos recursos, no tienen qué comer, dónde dormir, dónde asearse, es más, no tienen ni adónde ir al baño.
El tema central es: ¿Qué se está haciendo en estas ciudades para recibir a miles de personas? ¿Cuentan los gobiernos municipales, estatales y el federal con la capacidad de albergar a esos migrantes?
De acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas, la capacidad de recibir migrantes depende de la infraestructura y los recursos disponibles en cada ciudad que albergue a los extranjeros, donde se deben garantizar un trato digno y el respeto a los derechos humanos, y se debe contar con un plan integral que permita la inclusión en la sociedad.
Una vez que son deportados estos migrantes, la mayoría dice ser mexicanos para permanecer en nuestro territorio, esperando poder cruzar de nuevo a Estados Unidos para conseguir el anhelado sueño americano.
México, en alerta
Muy pocos afortunados tienen familiares que los auxilien con recursos mientras están en México, pero la mayoría es gente que ha perdido prácticamente todo lo que tienen, han dado todo lo que lograron juntar a los polleros que los cruzaron originalmente y su situación es muy precaria.
Autoridades fronterizas reportan que actualmente son deportados a México 100 migrantes al día, mientras que estimaciones de organizaciones civiles advierten que se espera que en los primeros meses regresen poco más de 100 mil migrantes a nuestro territorio.
En Estados Unidos hay 11 millones de migrantes ilegales, de los cuales, cuatro millones son mexicanos, y según el Departamento de Seguridad Nacional, hasta 2022 había más de dos millones y medio de extranjeros detenidos, de ellos, 836 mil eran mexicanos y medio millón venían de distintos países de Sudamérica.
Estos migrantes serán los primeros que Donald Trump enviará a nuestro territorio.
El canciller Juan Ramón de la Fuente declaró hace unos días que se le brindaría apoyo a los paisanos mexicanos que regresen a nuestro país, y es una estrategia correcta. Pero, ¿qué va a pasar con las miles de personas que no son mexicanas y que llegarán a México?
Lo vimos el año pasado cuando vecinos de la alcaldía Iztapalapa denunciaron que había decenas de migrantes que no tenían acceso a baños y que la vía pública era utilizada como sanitario.
Además, hay que pensar cómo apoyar a estos migrantes con sus hijos, muchas veces bebés, algunos enfermos que necesitan servicios de salud.
En diciembre pasado, el Gobierno mexicano anunció un plan para afrontar las deportaciones, que dará prioridad a migrantes nacionales e incluye una aplicación móvil con un “botón de alerta”.
Aquéllos que enfrenten una detención inminente en Estados Unidos podrán activarlo y dar aviso al consulado mexicano más cercano.
El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, reafirmó el compromiso del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum de brindar apoyo legal, social y comunitario a través de la red consular.
Pero si Trump cumple con su deportación masiva, será muy difícil poder brindar apoyo a todos los deportados.
Por ejemplo, el albergue Border Line Crisis advierte que Tijuana no tiene capacidad para atender a tantos migrantes, debido a que no hay programas sociales integrales, tampoco trabajos o viviendas suficientes.
Otros activistas detallaron que lo único que existen son albergues improvisados, sin acuerdos con los países de origen de los migrantes para buscar una repatriación adecuada.
Por lo pronto, Tijuana, en Baja California, se declaró en alerta. La medida, aprobada de forma unánime por los miembros del cabildo de la ciudad, liberó fondos para atender la “situación atípica”. Las acciones de contingencia incluyen la contratación de todo tipo de servicios, enseres o personal, incluida la renta de locales para habilitar albergues, servicios jurídicos, de consultoría, internet o la realización de obras.
El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, señaló que se adecuará una nave industrial para evitar la invasión de espacios públicos como parques o deportivos.
Mientras que en Tamaulipas preparan plazas, deportivos, estacionamientos y parques públicos para albergar a los posibles migrantes que regresen por las garitas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
Y eso que Tamaulipas cuenta con 11 centros de atención de migrantes operados por el estado, municipios y organizaciones civiles o religiosas.
Piedras Negras, en Coahuila, es otra ciudad fronteriza que analiza la situación migratoria, por ello, autoridades municipales viajaron a la Ciudad de México con la finalidad de revisar el plan federal para contrarrestar la situación.
Como parte de las acciones en esta ciudad fronteriza han decidido poner en marcha un nuevo plan de disuasión que consiste en detectar a los migrantes expulsados por Eagle Pass, Texas, para subirlos a un autobús fuera de Piedras Negras con dirección a Saltillo, Coahuila.
Nogales, Sonora, también asegura que cuenta con la capacidad para solventar la crisis migratoria, sin embargo, organizaciones señalan que los albergues se encuentran en condiciones precarias, muchos de ellos ni siquiera cuentan con los servicios básicos.
En Chihuahua también han preparado albergues y espacios para recibir migrantes, ante la ola de deportados no será suficiente, y además, ¿cuánto tiempo puede una ciudad fronteriza soportar la manutención de tantos migrantes?
En 2023, el Gobierno federal cerró 33 estancias provisionales migratorias, con lo que dejó al Instituto Nacional de Migración (INM) con 17 estaciones con capacidad para albergar a cuatro mil 786 personas.
Y, por si fuera poco, no sabemos quién está realmente al frente del Instituto. Hay un nuevo designado para presidir el INM que es Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pero por ahora sigue al frente Francisco Garduño, aquel personaje que debió ser destituido tras el incendio en el refugio donde se le cerraron las puertas a los migrantes.