En marzo de 2016, el corresponsal de CNN, Jim Acosta, de orígenes cubanos, participó en la conferencia de prensa que ofrecieron Raúl Castro y Barack Obama, durante la histórica visita de éste a La Habana. Acosta hizo varias preguntas a ambos presidentes y una, en particular, a Raúl Castro: “¿por qué en Cuba hay prisioneros políticos?”
Visiblemente irritado, Castro respondió a Acosta: “dame la lista de los presos políticos para soltarlos, dime los nombres, y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos”. La respuesta capta la razón cínica con que el gobierno cubano trata la realidad del presidio político en la isla.
Durante décadas, la posición oficial del Estado cubano ha sido que en la isla no hay presos políticos. Sin embargo, cada cierto tiempo, tal vez, una vez por década, se producen excarcelaciones de personas que, por ser considerados “contrarrevolucionarios” o “enemigos”, no podrían ser catalogados sino como presos políticos.
Tan sólo en este primer cuarto del siglo XXI se han producido, por lo menos, tres excarcelaciones: las de 2004 y 2005, que favorecieron a Raúl Rivero y otros periodistas encarcelados durante la represión de la primavera de 2003; las de 2011 y 2012, cuando liberaron a la mayoría de los 75 opositores presos, en aquella misma primavera, que pertenecían al Movimiento Cristiano de Liberación; y la que tiene lugar en estos días, que iría por unos 127 excarcelados, pero podría llegar a 553.
Tradicionalmente, los organismos internacionales de derechos humanos han calculado en unos cientos los prisioneros políticos en Cuba. En los últimos años, sin embargo, la cifra se ha elevado a más de 1400. La razón es muy simple: dentro de la categoría de presos políticos, esos organismos incluyen a los encarcelados tras la represión de las manifestaciones populares en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel, en el verano de 2021.
Dado que la mayoría de esos ciudadanos fue arrestada, procesada y sentenciada, bajo cargos de “sedición”, es decir de violación de las leyes para alterar el orden constitucional, difícilmente podrían ser catalogados de otra forma. El gobierno cubano, insólitamente, considera que la sedición no es un delito político sino común. Un ciudadano inconforme, lo mismo que un opositor pacífico, aunque sea un “contrarrevolucionario”, es un delincuente común.
De ahí la extraña fórmula de Castro: en Cuba no hay presos políticos, pero si los hay, se liberan, eventualmente, como piezas de un canje con la comunidad internacional. El sistema judicial de la isla parece estar subordinado, así, a la supervivencia del régimen político y ésta al juego de tensiones con Estados Unidos y la Unión Europea. Los presos políticos son monedas de cambio en ese perverso juego.
A pesar de lo tardías y limitadas de las medidas adoptadas por la administración Biden, el gobierno cubano tiene la oportunidad de producir una verdadera amnistía y vaciar las cárceles cubanas de ciudadanos que nunca debieron ser recluidos por salir a protestar pacíficamente. El requisito de cumplimiento de sentencia poco cuenta ante penas tan desproporcionadas y excarcelaciones con fines geopolíticos.
De producir esa amnistía, el gobierno de Díaz-Canel estaría en mejores condiciones de evitar que la nueva administración de Donald Trump revoque las medidas adoptadas por Biden, Cuba regrese a la lista de patrocinadores del terrorismo y se restablezca el título III de la Ley Helms-Burton, obstruyendo las transacciones financieras internacionales de La Habana.
Suena muy lógico, pero parece poco probable que el gobierno de la isla se decida a hacer algo así. La existencia de presos políticos, que se niega en el discurso oficial, es otra necesidad del sistema: el encarcelamiento de opositores cumple una función central en la definición del enemigo interno en regímenes como el cubano.