Hace unos meses, les preguntaba en este espacio si se imaginaban que la ley mexicana equiparara el uso y distribución de vapeadores al fentanilo.
La pregunta la hacía en el contexto de lo que se había votado en la Cámara de Diputados como parte de las reformas que dejó Andrés Manuel López Obrador en su llamado Plan C.
Pues hoy, quien compre, venda o utilice un cigarro electrónico o vapeador podría ser condenado igual que un narcotraficante vendiendo fentanilo.
Ni tan espontáneo
El pasado 17 de enero, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se adicionaron un párrafo quinto al artículo 4 y un párrafo segundo al artículo 5 de la Constitución en materia de salud.
“Se sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”.
Las sanciones estipuladas en la ley incluyen multas de hasta 180 mil pesos y cárcel. Mientras el Gobierno argumenta que se trata de un esfuerzo por proteger a la población de los riesgos asociados con el uso de estos dispositivos, expertos advierten que esta prohibición podría abrir la puerta a un creciente negocio controlado por el crimen organizado.
Algunos de estos productos se venden entre los 50 pesos y los 2 mil pesos, dependiendo de la sustancia, el número de fumadas y la marca. Y es que éstos seguirán vendiéndose porque hay millones de consumidores en nuestro país.
La diferencia es que, en vez de que estos cigarros electrónicos pasen todas las pruebas para demostrar qué sustancias realmente tienen y que las baterías sean de buena calidad —porque algunas pueden explotar—, con esta prohibición se le abre la puerta al mercado negro, que, evidentemente, no se preocupa por la calidad mientras pueda vender.
Las modificaciones a esta ley, lejos de inhibir el consumo, provocarán que el mercado de los vapeadores y cigarros electrónicos quede en manos de los grupos criminales.
De facto, las autoridades han entregado a los grupos criminales un negocio valuado en millones de pesos anuales. Con las nuevas disposiciones, los empresarios legales quedan fuera del camino, y los cigarros electrónicos que se vendan no tendrán verificación alguna. A ésos sí les podrán meter la droga que quieran.
No estoy diciendo que los vapeadores no sean dañinos; lo son, porque entra vapor directo a los pulmones. Incluso pueden llegar a ser más dañinos que los propios cigarros.
Pero cada quien debe ser libre de decidir si quiere o no fumar cigarros electrónicos, y es mejor que quien los consuma lo haga con productos que han sido revisados y aprobados por expertos.
Se estima que, en el mercado negro, la venta de vapeadores ronda los 40 mil millones de pesos.
Son los más riesgosos porque no se tiene control alguno del producto. Muchas veces la gente utiliza vapeadores que compran en el mercado negro, y éstos se venden en cualquier esquina.
Producto de la discordia
Sin control de los vapeadores, lo que sucede es que el crimen organizado los rellene con cualquier sustancia que quieran, incluso fentanilo.
Apenas en octubre de 2023 se dieron a conocer imágenes de cómo el crimen organizado ya controlaba la venta de vapeadores y, en algunos casos, los estaban cargando con fentanilo y otras drogas.
Los reportes indicaban que el Cártel de Sinaloa ya controlaba el mercado y que quienes eran vistos vendiendo productos de vapeo sin el consentimiento de este grupo criminal recibían castigos físicos, como los llamados “tablazos”.
En las imágenes que circularon, se veía a un hombre en Los Mochis, amarrado a un poste de luz y con una cartulina pegada al pecho: “Esto me pasó por andar vendiendo vapeadores. Esto es un aviso para los chapulines que faltan. A los demás les va a ir peor, están advertidos, ya los tenemos identificados”.
Otros dos menores de edad fueron exhibidos por las calles de Guasave, Sinaloa, y al interior de la Universidad Autónoma de Occidente.
También iban desnudos y en sus pechos llevaban cartulinas que los señalaban como vendedores de vapeadores.
En Tijuana, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) busca el control de la plaza, se han reportado incendios de al menos cuatro locales dedicados a la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
La versión oficial fue que grupos criminales reclamaron el cobro de derecho de piso y que, al no cumplir, el castigo fue destruir el producto con la finalidad de perjudicar a los propietarios.
A raíz de que el crimen organizado está tomando el control de los vapeadores, su uso se ha incrementado.
Así lo reportan los Centros de Integración Juvenil (CIJ), que informaron que el uso de vapeadores entre jóvenes de Sinaloa se incrementó de manera considerable en 2023.
Ese año recibieron a más de 300 adolescentes, quienes confirmaron que los cigarros electrónicos se convirtieron en la entrada al mundo de otras drogas, como la marihuana, el cristal y el fentanilo.
El hecho de vender vapeadores de una manera controlada, que pasen por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo menos regula y cuida las sustancias que se introducen en estos productos.
Para que la gente que los consuma sepa que no contienen drogas.
Actualmente, la Cofepris, en lugar de regular el uso de este producto, respalda la propuesta del Ejecutivo federal para prohibirlo. Hay que analizar y revisar los temas a fondo antes de proponer y aprobar las leyes.
