Sucedió el sábado por la madrugada. Luego de semanas de intensas, constantes y visibles protestas de médicos y pacientes del Sistema Nacional de Salud por carencia de medicinas e insumos médicos en todas sus instituciones, desde la clínica más recóndita hasta los hospitales de alta especialidad, Claudia Sheinbaum le puso un ultimátum a la Secretaría de Salud de David Kershenobich para que firmaran los contratos de compra con laboratorios y fabricantes de insumos y equipamiento para atajar una crisis que crece como una siniestra bola de nieve.
Es muy buena la noticia de apurar la firma de contratos de compra, lo que no se ha podido comprar desde octubre pasado a pesar de que la “compra consolidada más grande de la historia” contó con supuestamente alta tecnología digital e Inteligencia Artificial (que finalmente tronó cual chinampina), pero hay un pequeño problema para que la presión presidencial surta efecto: es la Secretaría de “Anticorrupción y Buen Gobierno”, a cargo de Raquel Buenrostro, que no le ha podido hace honor a su rimbombante nombre pues están atrasadísimos en resolver los más de 300 procedimientos de inconformidad por falta de personal calificado en esa Secretaría y en los pasillos grisáceos de Birmex, a cargo del Tovarich Iván Olmos.
Eso se llama “incertidumbre jurídica”, exactamente la misma que juristas y ministros de altas credenciales advirtieron que se generaría con la colonización del Poder Judicial al nombrar juzgadores surgidos de los intereses de Morena hecho gobierno previamente cribados en una tómbola del bienestar.
¿Y si en la propia 4T frenan la electoral?
Así hoy existe una gran incertidumbre en la industria farmacéutica, tanto la agrupada en la Canifarma, que encabeza Augusto Muench, como en las nuevas empresas del ramo. Y es que en caso de rectificar los fallos de compra que apenas empezaron a emitirse a fines de enero pasado en favor de las empresas quejosas, ¿qué pasará con aquellas empresas que ya habían ganado el abastecer del suministro y están presionadas para cumplir la promesa que el joven subsecretario Eduardo Clark dio a su jefe y a su jefa?
Nadie sabe qué pasará. ¿Suspenderán entregas de medicamentos o se contratará a dos proveedores en pugna ante la Secretaría Anticorrupción? Ante esta situación, habrá empresas que despidan personal para contratar crédito caro.
Por cierto, hasta ahora va la “parte facilita” del suministro pues de momento a las empresas que, milagrosamente, han sido adjudicadas con un contrato sin impugnación no saben a cuáles de los 63 puntos de entrega establecidos por el gobierno deben entregar.
Y de ahí todavía le falta a la Secretaría de Salud contratar el servicio de traslado hasta clínicas recónditas inmersas en los vastos territorios dominados por la delincuencia.
Para rematar falta lo más importante para cualquier empresa: cobrar, la certeza de que le pagarán sus embarques y que no les harán “de chivo los tamales” como sucedió con los 12 mil millones de pesos que quedó de pagar el fenecido Insabi de Juan Ferrer cuando, cual crisálida, se transmutó en el IMSS-Bienestar de Alejandro Svarch.
El puente a Dinamarca está caído.
Golpes al crimen organizado valen 1% del PIB. O casi. De acuerdo al reporte de Incidencia Delictiva, de octubre pasado a la fecha han sido incautados por las fuerzas federales 1,260 kilogramos de fentanilo, 1,324,924 pastillas de fentanilo, 47,973 kilos de metanfetamina, 33,464 kilogramos de cocaína, 29,294 kilos de marihuana,112.8 toneladas de precursores de metanfetaminas equivalente a medio millón de kilos… todo ello con un valor estimado de 309 mil 774 millones con 450.3 mil pesos según los tabuladores de la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz.
La afectación económica provocada por las organizaciones criminales —y terroristas— equivale 0.9% del PIB de todo 2024. Las acciones coordinadas de la Secretaría de Marina, al mando del Almirante Raymundo Morales, de la Defensa a cargo del General Ricardo Trevilla, FGR, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad, de Omar García Harfuch, sin lugar a dudas impactan directa y fuertemente al core business de tales organizaciones.
Pero hay tres hechos que no se pueden dejar de lado: durante el sexenio de “abrazos no balazos” con Andrés Manuel López Obrador… 1) ¿Qué cantidad de enervantes no pudo ser incautada y sigue nutriendo el criminal negocio? 2) ¿Qué cantidad de las ganancias del crimen ha filtrado al sector financiero y formal de la economía mexicana y estadounidense? 3) Siendo una actividad tan peligrosa como poderosa, ¿cuántos beneficios habrán obtenido los cárteles?
Crece 500% huachicol en sexenio del no huachicol. Todo mundo recuerda el grave desabasto de combustibles al inicio de 2019 cuando el obradorismo cerró los ductos de gasolina y diésel para frenar, supuestamente, su robo. Se festinó el “triunfo sobre el huachicol”. Pero los datos son duros como la realidad expuesta por el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, el economista Mario di Costanzo y el abogado Miguel Ángel Sulub: de 60 mil barriles diarios robados promedio durante el gobierno de Enrique Peña, con López Obrador subió a 340 mil barriles diarios.
Y advierten que para este año, de no haber un trabajo coordinado entre el SAT, Protección Civil y gobiernos estatales y municipales, los huachicoleros se quedarán con 30% de la recaudación de IEPS en combustibles al embolsarse 130 mil millones de los 473 mil millones de pesos esperados por la SHCP.
¡Y que sindicato ESSA pierde 50 mdp! Vaya manera que tuvo el sindicato, que encabeza Luis Martín Pérez El Guaymas Murrieta, de celebrar el primer año de expropiación de Exportadora de Sal: ¡que no encuentran 50 millones de pesos que dispendió la paraestatal para sus trabajadores! La directora jurídica Miriam Osuna, pese a las denuncias, como que no ha visto el caso. El nuevo director Moisés Poblanno tiene claro qué funcionarios “heredados” son parte del problema y no de la solución.
