Después de una serie de evidencias presentadas ante autoridades del ámbito federal —que incluso hicieron eco en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum—, autoridades federales ya investigan el caso del empresario Arturo Emmanuel Gómez Lara, directivo de la comercializadora de energía EON y quien fue llevado ilegalmente al estado de Coahuila donde lleva más de 15 meses en prisión preventiva por acusaciones que, presuntamente en falso, presentaron Salomón y Nesim Issa Tafich, dueños de la firma Generación Industrial, parte del coahuilense Grupo SIMSA.
Ya en entregas anteriores se expuso en este espacio sobre las acciones del juez José Samuel Borrego Rodríguez y del Ministerio Público Eduardo Nakasima Martínez, que en Torreón manipularon el proceso para encarcelar a Gómez Lara sin pruebas en firme… lo que ya valió que la Suprema Corte que preside Norma Piña solicitara la revisión del caso contra el jefe de EON y que ha sido indebidamente alargado por otro juez coahuilense, Gerardo Alfonso Zavala de la Peña.
Es preciso recordar que los quejosos del Grupo SIMSA iniciaron la querella contra Gómez Lara por supuestamente incumplir un contrato de exclusividad. Sin embargo, no presentaron documento alguno que avalase dicha relación, ni tampoco lograron demostrar la existencia de una afectación económica.
Fecha para el tren
Pero sin prueba documental alguna y basándose únicamente en el testimonio de dos empleados, el juez Zavala de la Peña mantiene en prisión al acusado, obstaculizando el cambio de medida cautelar, sin admitir probanzas para desmentir a la fiscalía, como es un peritaje concluyente que presentó la defensa del acusado y que demuestra que uno de los documentos de acusación fue burdamente falsificado.
Se trata del peritaje de firmas de dos agentes de policía de investigación de la entidad, efectuada por el grafólogo Gabriel Montiel Hernández. Se analizaron a fondo las firmas de los agentes Luis Ángel Andrade Santos y Rafael Carrillo Navarro, determinándose que fueron falsificadas en una declaración presentada como “prueba” de que el acusado los intentó sobornar para evitar la aprehensión.
Entre lo que llamó la atención de las autoridades federales y del Poder Ejecutivo, está que un conflicto mercantil, cuyo tiempo de resolución es de 6 meses, se convirtió en penal de manera casi automática; por eso se inició la investigación federal sobre el presunto tráfico de influencias durante el proceso.
Y es que el caso de Arturo Emmanuel Gómez Lara destapó lo que parece ser un esquema para presionar a competidores e incluso a exempleados, a través del aparato judicial de Coahuila a partir de evidencias de que SIMSA habría interpuesto denuncias contra otras personas sobre delitos inexistentes.
Vaya, en 2021, una empresa de SIMSA, Gas Natural del Noreste, acusó a la empresa Destiladora del Valle, asentada en Orizaba, Veracruz, por supuestamente realizar huachicoleo, con lo que lograron que se les aseguraran sus inmuebles durante cuatro meses; finalmente Destiladora del Valle pudo abrir sus puertas por falta de elementos probatorios.
Por ello, los abogados defensores de Arturo Gómez Lara han convocado a todos aquellos que han sido objeto de este tipo de acusaciones por parte de los empresarios Issa Tafich, para que presenten su caso con las pruebas correspondientes (incluso de manera anónima) para que la autoridad federal las integre a la investigación.
El asunto sube de tono.
Gas, buscando las metas. Entre la complicada y retadora situación de Pemex, hay objetivos que pese a todo están en la ruta de ser obtenidos. Uno de los que se planteó el director Víctor Rodríguez Padilla, es aumentar la producción de gas natural a 5 mil millones de pies cúbicos diarios… y ya hay avances.
Recién iniciando su cargo, en octubre de 2024 se concluyó la primera sección del gasoducto Ixachi–Matapionche, lo que aumentó la capacidad de procesamiento a 200 mil millones de pies cúbicos diarios.
Y en diciembre pasado entraron en operación los gasoductos Bakté y Tentok, para en conjunto ampliar la capacidad de producción a 8,917 barriles por día de aceite y 18.8 mil millones de pies cúbicos diarios de gas.
También a fines de año —y en tiempo récord— se concluyó la construcción de la Planta de Acondicionamiento de Gas Húmedo Amargo Papan, Veracruz, que acondiciona hasta 300 mil millones de pies cúbicos diarios de gas y da empleo a más de 2 mil personas.
Está aún pendiente la entrada en operaciones del gasoducto Xanab para junio de este año, lo que permitirá la producción de 30,000 bpd de aceite y el aprovechamiento de 13.36 mil millones de pies cúbicos por día de gas.
Ciertamente es con mayor producción como Pemex podrá salir adelante.
Salamanca, cambio de energía. Emilia Esther Calleja fue la primera mujer a cargo de la planta de generación de energía de Salamanca, Guanajuato, enfrentando la fuerte demanda de electricidad proveniente del crecimiento industrial de la región y de la Refinería más antigua del país. El fin de semana pasado, la ahora directora de la Comisión Federal de Electricidad presenció un cambio que siempre anheló: sustituir en esa planta la generación con combustóleo con ciclo combinado, elevando 43% la producción y reduciendo casi a la mitad las emisiones de dióxido de carbono.
Pese a su voluntad y destreza técnica, durante la dirección de Manuel Bartlett sobre la CFE, se regatearon los recursos para llevar adelante tal conversión. Ya sólo al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador —ante la carencia de electricidad para la refinería y las crecientes quejas sociales por contaminación por humos y ruido— se “consintió” dar paso a la conversión que culminó una CFE con mandos nuevos, profesionales y no ideologizados.
Finalmente, cuando se conjunta un buen plan y el presupuesto, las acciones son posibles.
Plantean atajar cortones a la mala. Mañana, en la Primera Sala de la Corte analizarán el caso de una persona que impugnó una disposición de la Ley de la Industria Eléctrica que establece la posibilidad de que quienes provean el servicio de electricidad (CFE u empresas privadas) puedan suspender dicho servicio cuando existe una irregularidad en la medición, sin necesidad de que una autoridad previamente intervenga. La ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá rechaza que se aplique ese tipo de cortes arbitrarios pese a no ser actos de autoridad. Ojo.
