Pobrecita nuestra democracia, en la cual los columnistas encorbatados, que jamás se subieron a una patrulla para cumplir una orden de aprehensión, nos sermonean diciendo que están en contra de toda ofensa a la ley y a la Constitución, nos hacen ver que también están en contra de los balazos porque no son gente violenta, ni militarista, pero, desde luego, sin aprobar ni por un segundo los abrazos a la gente infrecuentable.
Militan, claro, por un México en paz, desarrollado, plural y sin pobreza, aunque sin límites a la riqueza (porque no somos Cuba). Qué profundos y consecuentes. Otros periodistas mueren ejecutados.
Los primeros deploran las mañaneras de la Presidenta, porque ese tipo de shows no ocurre en las democracias occidentales. Suponen que, si el monopolio de la violencia legítima es del Estado, a cambio el monopolio de la comunicación política legítima debe ser del sector privado.
Ahí sigue Garduño
Nos juran que la oposición hubiera actuado de otra forma frente a Trump, más digna y firme. Yo, más bien, recuerdo a Peña Nieto haciéndole al candidato Donald Trump un bello acto de campaña en Ciudad de México, y a Calderón colaborando en seguridad pública con Estados Unidos, sin detenerse demasiado en minucias legales.
En el fondo, se agradece que los políticos de cualquier partido sean más pragmáticos que esos columnistas encorbatados, cuando sobre la mesa están los intereses de millones de personas que serán afectados, por ejemplo, por aranceles. Frente a la ética de la convicción existe la ética de la responsabilidad. La política responsable debe respetar normas jurídicas, pero no es una mera aplicación de reglas (las normas son más que las reglas, incluyen derechos humanos sociales, económicos y culturales).
Principios vagos de seguridad nacional no deberían imponerse sobre reglas claras del debido proceso, pero vemos que eso ocurre a veces cuando lo que está en juego es muy importante y entonces la seguridad nacional gana en la balanza del estadista. ¿Qué tan grave es que esto ocurra (tanto en el gobierno de Calderón como en el de Sheinbaum y seguramente en los que vendrán)? ¿Hay países que apliquen decisiones de seguridad nacional únicamente conforme a reglas jurídicas previas y explícitas y jamás como políticas “contra legem” tendentes a realizar un fin (como complacer a Trump o prevenir delitos que se comandan desde las cárceles)?
Una diferencia entre el razonamiento político y el jurídico radica en su fundamento: el primero busca viabilidad y legitimidad en un contexto de representación de los intereses de la sociedad, mientras que el segundo aspira a la coherencia normativa y a la imparcialidad. Los políticos estiran el derecho y a veces lo rompen; los abogados positivistas tradicionales, en cambio, se aferran a la forma jurídica incluso cuando la realidad política la desborda. En tercer lugar, por suerte, tenemos abogados positivistas llamados “incluyentes” que se han inspirado de las técnicas de ponderación de las ciencias sociales para aplicar no sólo reglas jurídicas, sino otras normas jurídicas: los principios y fines constitucionales. Como el de buscar el bienestar de la sociedad.
