“Que no me manden mandaderitos para acordar; a mí que me hable la Presidenta o Andy, soy del círculo cercano y sólo a ellos les tomaré parecer”, palabras más, palabras menos, fue lo que el alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, respondió a los representantes del poder Ejecutivo de Jalisco tras asegurarles que el próximo lunes —ya encarrerada la Semana Santa— iniciará la clausura de las fábricas legales del mexicanísimo brebaje… pero también de todos aquellos negocios que rechazaron pagar cinco años retroactivos de predial, licencias de operación, agua, construcción y certificación.
“Y háganle como quieran, porque el lunes empiezo con los cuervos y los sauzas”, nos aseguran, habría mandado decir tal munícipe en clara referencia a Tequila Cuervo, de Juan Domingo Beckmann, y a Sauza, que dirige Servando Calderón. Ya la semana pasada Rivera Navarro envió un ultimátum por Facebook al Consejo Regulador del Tequila (CRT) —que encabeza Miguel Ángel Domínguez— para exigirle ordenara a sus agremiados pagar, conforme su leal entender, son adeudos de las “tequileras irregulares”. Según el cervantino y digital léxico de Rivera Navarro, tal cobro se debe a que las empresas “no están aportando lo que les toca”.
Obvio que el Consejo no tiene vela en el entierro de lo que adeudan o no las empresas adscritas a un organismo técnico y científico que regula el cumplimiento de la norma oficial mexicana (NOM-006-SCFI-2012) y nada más.
Magnicharters, de pena
Pero lo que sí le incumbe a la autoridad sanitaria federal (y probablemente a las de seguridad pública) como la Cofepris, que encabeza Armida Zúñiga, es determinar si cumplen o no con la norma tequilera y los estándares de seguridad aquellos saborizados venenos en “cantaritos” expendidos en los innumerables puestos ambulantes en el centro histórico de Tequila.
La amenaza de clausura —advertida ya desde hace días en este espacio— no ha sido contestada por ninguna autoridad federal. Vaya, ni por la Secretaría de Turismo Federal, que lleva Josefina Rodríguez, pese a la amenaza creíble de cerrar el más emblemático de los “Pueblos Mágicos” de México.
Vaya, sería una tragedia —incluyendo a Hacienda, que lleva Edgar Amador, y el SAT— que la única denominación de origen mexicana con auténtico alcance global sea sometida e incluso destruida por un munícipe que ostenta ser integrante de la élite de Morena.
Birmex, Borsalino y el NAIM 2° Piso. Así como inicialmente nadie creyó que Andrés Manuel López Obrador cancelaría la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), también nadie creía que el actual gobierno 4T cancelaría toda la licitación internacional para la compra de medicamentos, material y equipamiento médico… y ambas cosas sucedieron.
La más reciente, por los hallazgos que la Secretaría Anticorrupción de Raquel Buenrostro hizo en todo el proceso de compras orquestada por la Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich, y ejecutada fallida, torpe y amañada, por la paraestatal Birmex, que dirigió el Tovarich Iván Olmos.
En el caso del NAIM no hubo evidencias y se sabe que todo fue una multimillonaria engañifa política de López Obrador. Diferente es el caso de la compra consolidada LA-12-NEF-012NEF001-I-1-2025, donde los sabuesos de Buenrostro demostraron crasos errores y trampas de proceso con los que los funcionarios de Birmex —como Emma Luz López— se chamaquearon al subsecretario del desabasto, Eduardo Clark… pero careciendo de inculpados judiciales como sucedió en el caso del aeropuerto en Texcoco.
Otro incómodo paralelismo es el desorden resultante de una decisión tomada sobre una decisión apresurada: al NAIM, que coordinaba Federico Patiño, se le enjuició políticamente por “un solo hombre” como apuntó el Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Un evento inédito, además, no hubo —ni existe todavía— mecanismo para evitar un cuantioso costo fiscal a los contribuyentes sin haber resuelto —ni con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles— la congestión del espacio aéreo nacional.
Y es que no se había visto en la historia moderna nacional de las compras públicas la cancelación completa de un concurso, menos el que involucra la salud de casi 100 millones de personas y su suerte durante dos años. E igual de lo que sucedió con el NAIM, por ahora el gobierno de la 4T no establece responsabilidades, no tiene una solución clara, improvisa y sus soluciones impactarán sobre la deuda pública total por la cantidad de conflictos jurídicos que se aproximan… pero sobre todo, en el irreparable daño a la salud de los derechohabientes de instituciones públicas que no tendrán disponibles las soluciones médicas para una digna sobrevivencia.
Vaya, ayer en la videoconferencia institucional tras la cancelación de la referida licitación, lo más relevante del subsecretario Clark fue decir: “no queríamos estar aquí, pero estamos” y pedir la confianza a una industria farmacéutica nacional e internacional agraviada que ya perfila demandas y denuncias por daño patrimonial.
Así, igual de lo que sucedió con el NAIM, la 4T de hoy no sabe cómo resolver el asunto con proveedores de salud, vaya, ni cómo pagarle.
Pero no falta quien se aproveche de la crisis, como el director de administración del IMSS, Borsalino González, para hartar los almacenes del instituto de los medicamentos abastecidos por los proveedores más caros aunque lo haya advertido la Secretaría Anticorrupción.
Mugre sobre la mugre. No sólo es el desastre en la compra de medicamentos. El IMSS-Bienestar, que lleva Alejandro Svarch, padece problemas básicos de limpieza en sus instalaciones a nivel nacional por un cambio reciente en el proveedor de servicios de aseo. Por ello hay denuncias contra el responsable de Servicios Generales de la Dependencia, David Melchor Miranda Ortega, quien favorece a empresas poco calificadas como Lamap y Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria, que fue beneficiada con contratos de entre 150 y 220 millones de pesos.
